Tras cuatro años de licenciatura, en junio de 1995, el mismo día que cumplía 22 años, me di de alta como abogado en el Col·legi d’Advocats de Tarragona. Ese era su nombre en aquel lejano 1995, antes de que el paso del tiempo y la evolución de los valores le llevase a llamarse Col·legi de l’Advocacia de Tarragona.
Al día siguiente hice mi primer juicio. Hoy no podría haber sucedido tal cosa. Después de la licenciatura –graduado– debería haber estudiado un máster de práctica jurídica dos años, pasar un examen estatal –que se convoca de un modo algo irregular en el tiempo–, aprobarlo y, sólo entonces, darme de alta. Y, mientras pago religiosamente la cuota colegial, debería esperarme tres años para entrar en el turno de oficio.
Este es el panorama de los abogados y las abogadas que se incorporan a la abogacía. Pero no acaba ahí. Desde el inicio de su desempeño, deberán pagar su cotización si trabajan para ellos mismos, bien sea en el RETA como en las distintas mutualidades, cuyas coberturas están tan en entredicho por su corto alcance que se está tramitando una pasarela para que los que están de alta en las mismas puedan pasar al RETA, cuya cobertura es en cualquier caso inferior, como es obvio a la de un trabajador en Régimen general. Ello causa un grave problema a abogados y abogadas en edades de jubilación, cuya solución es inaplazable y prioritaria.
Tras doce años de gestión del Col·legi de l’Advocacia de Tarragona, sin avances significativos, la abogacía merece algo más que supervivencia
Cuando accedan al turno de oficio recibirán unos pagos irregulares de la Generalitat, que abonará los trabajos tarde y fraccionadamente. Y lo hará aplicando unos módulos de derribo.
Abonando, por ejemplo, por procedimientos penales abreviados, o juicios rápidos, o por una vista de sumario por tentativa de homicidio importes inferiores a 500 euros, mientras se asumen enormes responsabilidades, personales y civiles cuando uno defiende o acusa a personas a las que se les pide, por ejemplo, más de 9 años de cárcel, por hablar sólo del turno de oficio penal.
Eso sí, el Día de Sant Raimon de Penyafort, tu junta de gobierno invitará al conseller de turno, que con cara de comprensión aguantará estoicamente discursos entre lisonjeros, anodinos o algo beligerantes, en los que a medio camino entre el ruego y el perdón por si se ofende, el decano o decana de turno, si hay suerte, se quejará de que los módulos han subido en 14 años el 3%? El 4%? Mientras la inflación lo ha hecho un 30%. ¡Y santas pascuas! En la cena de celebración, unas risas y «Qui dia passa, any empeny». Así, el presidente del CICAC Samper pasó a conseller de la Generalitat; la decana de Barcelona Gay a delegada del Gobierno en Catalunya; o un reciente decano de Tarragona contactaba con todos los que quisieran escucharle para presentarse con ellos a las elecciones municipales en 2019 (en su derecho estaba). Y así unos cuántos...
Con suerte, una vez al año habrá una asamblea presumiendo del dinero que tiene el Colegio en renta variable y mixta en el banco, porque no saben, aún no saben, después de 12 años en el Colegio, para 16 años, que la riqueza de un abogado o abogada son los servicios que recibe de su Colegio, y no el dinero que tiene éste en el banco.
Con este panorama, un abogado o una abogada se pueden preguntar hasta dónde van a llegar los que me representan para defender mis intereses. Tras 12 años de juntas colegiales participadas, cuando no dirigidas, por la actual decana, ya toca que alguien intente hacer algo más que limitarse a sobrevivir. La abogacía lo exige, y lo merece.