De los 600 tipos de aves registradas en Europa, 360 están allí, en ese mismo lugar en el que casi un centenar de especies pasa el invierno. Estamos hablando del Delta del Ebro, la zona húmeda más grande de Cataluña y una de las más importantes del occidente europeo. Un territorio rico y delicado a la vez, alimentado por el río más caudaloso de España, el Ebro, que deposita en su desembocadura sedimentos procedentes de los Pirineos, el sistema Ibérico y la cordillera Cantábrica.
De ahí los hábitats que alberga el Delta, las casi cien especies que han hecho de este enclave, su hogar, permanente y migratorio. Declarado parque natural en 1983, está acogido desde 1998 a la Red Natura 2000, el mayor sello europeo de protección medioambiental, que le dota de una protección y unas obligaciones especiales a través de las Directivas europeas de Aves y Hábitats. Para completar, en 2013 la UNESCO declaró Reserva de la Biosfera al Delta. Es un gran patrimonio colectivo.
Pero ni la administración regional ni la nacional parecen darse cuenta de ello; no demuestran valorar el alto valor medioambiental y socioeconómico de este gran espacio natural. Pese a haber firmado compromisos sobre su buena conservación, como obliga la Directiva de Hábitats europea, ni siquiera se dispone de un plan específico de gestión y protección. Y no se han movido mucho las cosas después de que la Comisión Europea emitiera hace dos años su advertencia sobre la práctica general y persistente en España y en doce de sus comunidades autónomas de no fijar ni objetivos de conservación suficientemente detallados y cuantificados ni aplicar las medidas necesarias.
La dejadez y la falta de protección ostensible han desembocado en una situación crítica de la que nadie se hace responsable. Mientras que el Gobierno central y el regional se echan las culpas, desde 1998 han quedado sumergidas 70 hectáreas de humedales de la Illa de Buda y se ha encogido más del 60% de la superficie de la Illa de Sant Antoni. Bruselas teme que, si no hay medidas de protección y adaptación adicionales, alrededor del 50% del Delta podría llegar a desaparecer de aquí a 2050.
Es fácil de imaginar la catástrofe que eso supondría. Recordemos que la agricultura, la pesca, la acuicultura y el turismo suponen un valor económico anual total de unos 100 millones de euros gracias a la actividad de las casi 50.000 personas que viven en el Delta. El cambio climático también asedia esta franja costera que cada vez es más vulnerable y endeble. Los temporales de otoño e invierno, como Gloria, han causado estragos que aún se notan.
Huérfanos, abandonados e impotentes desde hace décadas, los vecinos del Delta y el territorio ya están cansados de promesas. De las esperanzas frustradas han pasado a la indignación. Pero también han tomado las riendas, haciendo el trabajo que tocaba, con un Plan del Delta consensuado y aprobado por la comunidad científica. Pidiendo medidas urgentes porque no pueden esperar más. Esa es la razón que explica que la sociedad civil se esté organizando y tomando iniciativas para salvar el Delta después de tantos años de inacción.
Por ello, invitamos el pasado 14 de junio al Parlamento Europeo a la Taula de Consens per Delta, al Movimiento de Lucha por el Delta del Ebro (MOLDE), a vecinos, comunidades de regantes y salinas, agricultores afectados y alcaldes.
El objetivo era exponer de primera mano la clara y documentada regresión del Delta y su situación, y llamar la atención sobre cómo la descoordinación entre la Generalitat y el Gobierno afecta directamente su día a día. La Comisión Europea recibirá ahora los resultados del debate: los retos, las amenazas, las propuestas y las soluciones desde cada una de las disciplinas para recuperar la fortaleza medioambiental y socioeconómica del delta del Ebro.
Por primera vez, el Director General de Capital Natural de la Comisión Europea, cuyos interlocutores habituales son el Gobierno de España y la Generalitat, tuvo delante y pudo escuchar a la sociedad civil catalana, que vive y sufre a diario el empeoramiento del Delta del Ebro. Y quedó claro que hay soluciones para superar los retrocesos, soluciones que se basan en la ciencia y en la experiencia. Lo que falta es la voluntad política para aplicarlas.
Ojalá las quejas y las pruebas de las múltiples regresiones que se plantearon en esta mesa de trabajo respalden con mayor fuerza la exigencia de que se cumplan las directivas europeas. La Comisión, como guardiana de los Tratados, debe hacer más en lo que toca a sus procesos de infracción. Cuando hay incumplimiento por acción o inacción de las competencias de las autoridades responsables, la Comisión debe actuar. Y debe actuar, sin duda, en el Delta del Ebro, que necesita un plan de urgencia para salvarse y para que las voces que salen de allí y han llegado hasta Bruselas puedan pasar de la frustración y la indignación a la esperanza por el futuro de este entorno único, sus especies y sus habitantes.