Adía de hoy, el transporte sanitario es uno de los sectores más castigados por las administraciones sanitarias, y Catalunya no es una excepción. Estamos a las puertas de lo que el Govern pretende que sea un gran concurso de ambulancias, el mayor de España por presupuesto –1.000 millones– y por reputación y apuesta porque sea transparentemente lúcido que evite las suspicacias del anterior, en el que el caso 3% ha ondeado como bandera onomástica sobre las licitaciones.
No voy a centrar los esfuerzos de estas líneas en explorar las corruptelas varias con trasfondo sanitario, porque de hecho ya lo hago con vehemencia y me produce migraña cuando debo llamar a la centralita para programar una ambulancia y tras horas de espera no recibo respuesta.
Lo único que me consuela es escuchar el final de una grabación con voz robótica que quiere ser mi amiga, y que aunque reconozco, también desespera, con guasa dice lo que queremos oír, «el usuario y su llamada es muy importante». ¡La pera!
Son risas a carcajada limpia que se escupen sobre el eslabón más débil de la cadena, en este caso personas frágiles y vulnerables, como ancianos, niños enfermos, pacientes oncológicos, hepáticos y traslados interhospitalarios, entre otros. El mal servicio retroalimenta la situación ya de por sí dura y difícil que viven estas personas.
Los pacientes salen caros y como no son una buena inversión no sé hasta qué punto se les tiene en cuenta a la hora de negociar un concurso en el que la finalidad principal es el transporte de personas a un centro sanitario.
Evidentemente que resulta preocupante que la sede de una empresa de transporte sanitario haya sido registrada de arriba abajo por agentes de la Guardia Civil, pero lo es todavía más si cabe que el servicio que se ofrece, regado con ingentes cantidades de dinero público, no se corresponda con unos estándares de calidad óptimos.
Es preocupante que el servicio que se ofrece, regado con ingentes cantidades de dinero público, no se corresponda con unos estándares de calidad óptimos
Son varios los grupos que quieren adjudicarse una región sanitaria determinada, pero los controlados por capital riesgo o por fondos de inversión tienen más papeletas para hacerlo. Cabe recordar que no todo en esta vida es cantidad, sino calidad. Las adjudicaciones deberían tener al usuario como punto de partida y ofrecer una alta calidad asistencial para evitar así situaciones que se viven a diario y que rayan los límites de la indignación por surrealistas.
Ejemplos no faltan; como que una persona que lleva esperando meses una cita médica con un especialista, llegado el día, por un retraso de la ambulancia no pueda acceder a la consulta. O que en determinados casos sólo haya un técnico por ambulancia, imposibilitando poder atender a determinados pacientes que necesitan de dos. El transporte sanitario se ha reducido a poner en marcha furgonetas con logotipos a falta de sacar por la ventana el mítico pañuelo blanco.
Es triste ver cómo es tratado un sector de vital importancia de la sanidad. Prostituyéndolo en manos privadas sedientas de enormes cantidades de dinero público. Empresas que a costa del dinero de todos precarizan las condiciones asistenciales y también, cómo no, laborales de sus propios trabajadores.
Pero no olvidemos que los verdaderos responsables de poner en manos de la avaricia los intereses de trabajadores y pacientes son las administraciones, alejadas de la realidad de un sector que lleva tiempo clamando responsabilidad y justicia ante la situación precaria de ambulancias, sus profesionales y, sobre todo, los pacientes.
Entonces, qué, ¿nos animamos y nos damos una vuelta en ambulancia, luces y sirena a toda marcha?
