Aprobados los presupuestos, parece que el objetivo de una parte del Gobierno de España es iniciar el camino hacia la república, como ha sido puesto de manifiesto con motivo del aniversario de la Constitución en declaraciones de diferentes miembros del Gobierno. Con toda seguridad aprovecharán la crisis institucional, sin precedentes, producida como consecuencia de diferentes revelaciones sobre las finanzas del ahora Rey Emérito, todas ellas bajo investigación, para desestabilizar nuestro sistema Constitucional.
Pero, ante tan grave crisis institucional, cabe preguntarnos si vale la pena salvar la monarquía, o simplemente debemos dejarla caer para supuestamente modernizar nuestra democracia. Lo primero que debemos preguntarnos es si la monarquía ha servido como institución del Estado a los españoles y a nuestra democracia durante estos 45 años, si ha cumplido con una de sus principales funciones que es la de dotar de estabilidad a la nación, sin la cual carece de sentido.
El balance es sin duda extraordinariamente positivo. España ha tenido el periodo más largo de estabilidad en las instituciones y, consecuencia de ello, ha sido el periodo más largo de su historia de paz y prosperidad. Es importante recordar que España perdió en el siglo XVIII la carrera de las trasformaciones sociales, que se iniciaron con la Ilustración en el resto de Europa, y no ha sido hasta nuestra actual monarquía parlamentaria, con excepción de algunos intentos puntuales, cuando España ha alcanzado a las restantes naciones europeas en la brecha iniciada entonces.
La figura del Rey Juan Carlos I, independientemente de los hechos que ahora han aflorado, ha tenido un papel fundamental en esa transformación de España. El Rey intervino, en su función constitucional, en momentos clave, que han tenido como consecuencia precisamente dotar a España de estabilidad, cuestión nada baladí si hacemos un pequeño repaso a nuestra historia plagada de enfrentamientos e inestabilidad política.
El siguiente punto de análisis debe ser preguntarnos si una república cumpliría de igual modo, o mejor, las funciones señaladas. La primera cuestión que me planteo, observando nuestra sociedad absolutamente polarizada, la ineptitud de nuestra clase política de alcanzar acuerdos sobre cuestiones fundamentales entre partidos de diferentes ideologías, es si la Jefatura del Estado en una república no sería un campo de batalla más de las luchas partidistas, lo que llevaría inmediatamente a la pérdida de la estabilidad alcanzada. Si son incapaces de sacar de la lucha política al Poder Judicial o llegar a mínimos consensos ante una pandemia con miles de muertos, menos aún serían capaces de sacar de la contienda a la Jefatura del Estado. La polarización convertiría inmediatamente al presidente de la Republica en el jefe de una parte, y no de todos los españoles, volveríamos irremediablemente a las dos Españas.
Si buscamos la comparación con otros países, inmediatamente nos damos cuenta de que los países europeos más estables, con una sociedad más moderna y avanzada en derechos sociales, son precisamente aquellos dotados de monarquías parlamentarias. Los Países Bajos, Suecia, Dinamarca o Noruega, entre otros, lo son; tal vez concluyamos que lo moderno es la monarquía parlamentaria.
Por ello, si queremos ser un país moderno y avanzado en derechos, aunque pueda parecer una contradicción, debemos apostar por salvar la monarquía para mantener a España en la estabilidad y la prosperidad. Debemos avanzar para poner fin, de una vez, a la conllevancia que a modo de resignación magistralmente definió Ortega y Gasset, y sustituirla por el respeto y la pluralidad como elemento esencial de nuestra sociedad, tal como define nuestra Constitución.
Igualmente debemos huir de las dos Españas, a pesar del reiterado intento de la izquierda de este país en recuperarlas, y ello solo puede dárnoslo la estabilidad de nuestras instituciones básicas del estado, y principalmente su jefatura. Pero, sin duda el problema es cómo hacerlo. Cómo reformar una de nuestras instituciones básicas sin volver a tensionar la sociedad en un momento en que los populismos, tanto de izquierda como de derecha, pueden llevarnos fácilmente al abismo; por otro lado, estos mismos populismos aprovecharán la situación actual generada por el Rey emérito para incendiar nuevamente nuestra sociedad y perder la estabilidad ganada, volviendo al enfrentamiento de las dos Españas como único medio para imponer sus trasnochadas reformas.
Ante la imposibilidad de consensos para la reforma de la Constitución, que permitiría mejorar la regulación de nuestra monarquía parlamentaria, debemos buscar otras vías para mejorarla. Quizás la mejor manera de salvar la monarquía es dotarla de una mayor trasparencia, mejor dicho, de una extraordinaria transparencia.
Si el concepto de monarquía parlamentaria es precisamente aislar a una familia, dotarla de medios desde los presupuestos del estado para que nos represente a todos los ciudadanos sin excepción, y todo ello sin ostentar ningún poder efectivo, tal vez los ciudadanos deberíamos saber todo lo que realiza dicha familia. Para ello sería suficiente una Ley que regulase la transparencia en la Jefatura del Estado, sin necesidad de modificar la Constitución. Una ley que estableciera la necesidad de publicar de manera extensa toda la actividad, tanto económica como institucional, de la familia real; en definitiva, en qué se gasta la asignación presupuestaria y con quien se reúne, incluso, si me permiten, con quien juega una partida de mus, con exclusión únicamente de aquellas cuestiones que afecten a la seguridad nacional.
El actual Rey ya dio un paso importante al implantar el portal de transparencia de la Casa Real, y diferentes normas de carácter interno que impuso desde el inicio de su reinado, pero quizás ha llegado el momento que una Ley regule ampliamente la transparencia de la casa real, como medio de consolidar nuestra monarquía.
No sé si será suficiente, pero es un buen inicio para seguir consolidando a nuestro estado como un estado moderno y avanzado. La implantación de la transparencia puede ser un factor básico para conseguir permanecer en la senda de la estabilidad institucional, que tanto necesitamos y que tan frágil se vislumbra.
Pere Lluis Huguet Tous. Fue decano del Col·legi d’Advocats de Reus durante trece años, hasta 2016. Expresidente del Consejo de la Abogacía catalana. Es concejal de Ciutadans en el Ayuntamiento de Salou
