Calumnias, insultos, improperios. La derecha recuperó su tono más bronco durante las dos primeras sesiones de investidura de Pedro Sánchez. En el hemiciclo se escuchó de todo y la izquierda respondió sin arrugarse. El PP y Vox ya habían dejado claro que no aceptaban el resultado electoral. A partir de ahí, se puso en marcha una escalada cada vez más sonora.
Los calificativos más suaves que han resonado en la sede de representación ciudadana han sido «imbécil», «gilipollas» o «canalla», cuando mejores resultados ofrecía el Gobierno ante los diputados. En respuesta, Moncloa decidió emplear la templanza pues, según dijo el propio Sánchez: «No voy a alimentar la tensión. El mejor servicio que puedo prestar a la democracia española es no arrastrarme al barro por muchas descalificaciones no ya políticas, si no personales que escuche».
Pero cuando la oposición se sale de sus casillas, lo hace a conciencia. Debe saber bien que puede salir impune gracias a la inviolabilidad que confiere a diputados y senadores el artículo 71 de la Constitución por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. Las sesiones del Congreso están resultando cada vez más bochornosas. No debería ser plato de gusto para nadie asistir a la sarta de descalificaciones que, desde hace tiempo, nos ofrecen. Pero en estas dos últimas semanas se ha pasado decididamente del insulto a las palabras mayores, como acusar de delitos. Pasó en la sesión dedicada a convalidar la reforma laboral en la que una oposición frustrada y furiosa por el resultado positivo, afirmó que se había producido «pucherazo» en la votación y acusó de «prevaricación» a Meritxell Batet.
Para colmo, el jueves pasado, el diputado del PP, Pablo Hispán, exigió la dimisión de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, «por ineptitud, clientelismo y corrupción en la gestión de los fondos europeos». La vicepresidenta replicó displicente que ese había sido «el enésimo ataque personal, la enésima calumnia, la enésima mentira». Es decir, aplicó el sabio principio de, a palabras necias oídos sordos.
La intervención previa habría resultado poco útil ya que la vicepresidenta había dado cuenta de los buenos resultados económicos y del hecho destacable que «la Comisión Europea haya revisado al alza sus previsiones para España». Pero como en Bruselas hacen caso omiso de las denuncias que presenta el PP contra el Gobierno de España en cuanto al manejo de esos fondos, ahora disparan contra la que fue una de las grandes protagonistas de esa ingente operación.
