Cuando se empezó a hablar de un nuevo complejo judicial para Tarragona, todavía nos manejábamos en pesetas. El euro ya asomaba por la puerta, es cierto, pero el dato no deja de ser significativo.
Lo recuerdo por si la simple cifra de 25 años de retraso, todavía le suena a poco a alguien. ¿A qué viene este agravio? Sin duda, no es un tema partidista. Los consellers y conselleras que han apostado por el proyecto, y han incumplido sus promesas, pertenecían a formaciones diversas. Y los alcaldes que lo han reclamado, también. ¿Será quizá un tema territorial? ¿El sur de Catalunya importa menos a la Generalitat o al Estado? Incluso a un barcelonés como yo, con poco tiempo en estas tierras, empieza a parecerle más que probable. ¿O es una falta de interés en mejorar el sistema judicial?
La falta de recursos para el sistema judicial también se ve en el funcionamiento diario de los juzgados. El colapso judical en España es palmario, con estadísticas que hablan de hasta 32 meses para resolver casos sencillos y 60 en asuntos complejos. La misma justicia se reconoce incapaz para cumplir sus sentencias y los plazos que marca la ley. Al finales de 2023 quedaron 3,9 millones de procedimientos por concluir, un 17,2% más que en 2022.
Hay que invertir en edificios para la justicia, sí; pero también en que los que trabajan en ellos puedan hacerlo con celeridad y dignidad. Nos jugamos todos mucho.