Las coincidencias programáticas y la coherencia en el rumbo de las políticas públicas a implementar no son las prioridades de los partidos a la hora de pactar los gobiernos de las diversas instituciones, sino que lo es llegar al poder político o mantenerse en él. Esta parece ser la máxima en la política de pactos posteriores a las elecciones del 28M.

El presidente Sánchez espera recoger los frutos de un supuesto voto útil contra la extrema derecha para mantenerse en la Moncloa. No obstante, por ahora las encuestas no contemplan que los socialistas movilizan al electorado suficiente y tampoco que Sumar, la plataforma de la vicepresidenta segunda Díaz, sume los apoyos suficientes para reeditar el gobierno de coalición.

Por su parte, el Partido Popular está dispuesto a recuperar el poder a cualquier precio. En este sentido, el acuerdo PP-Vox en les Corts Valencianes es la antesala de lo que puede llegar si no hay una movilización masiva de los votantes de izquierdas hacia las diferentes fuerzas progresistas.

Un acuerdo valenciano infame, que contradice todo el argumentario que los populares habían defendido mayoritariamente hasta ahora y que sitúa en el poder a una formación abiertamente xenófoba y racista, que no condena la violencia machista y que es abiertamente negacionista del cambio climático.

Por otro lado, la última derrota de Ciudadanos el pasado 28M y la decisión de no concurrir a las elecciones generales ha multiplicado los cambios de chaqueta en tiempo récord de muchos representantes del partido naranja que, ahora, llenan las listas de los populares. El ejemplo más flagrante –pero no el único– es el paso del hasta ahora portavoz de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña a número uno de la lista de los populares por Barcelona.

Asimismo, los diversos pactos locales están rompiendo la dinámica de bloques que hasta hace poco imperaba en Cataluña. Diferentes acuerdos entre Junts, ERC y lo que queda de la antigua Convergencia con los socialistas para gobernar en las diputaciones, los consejos comarcales y los consistorios han ido proliferando hasta la constitución definitiva de los nuevos gobiernos locales.

Una dinámica de la que también han participado los Comuns allá donde han podido y les han dejado. Unas coaliciones de gobierno que a buen seguro se ampliarán una vez pasado el 23J. En este sentido, las direcciones de los partidos han dejado hacer y se ha impuesto la realidad local, excepto en casos como el de Ripoll o en Ayuntamientos de más relevancia para la política catalana y española.

Una situación donde todos los partidos están cogiendo las mejores posiciones de poder posibles para encarar la nueva etapa política y social que surgirá de los resultados del 23J que, a la vez, tendrán un efecto directo en el gobierno de la Generalitat y que condicionarán la dirección política para la transformación digital y ecológica que marca la Unión Europea.