Desde principios de la primavera de 2020, venimos sufriendo los embates de la Covid-19. En todos estos meses, las actividades económicas y sociales están afectadas por los efectos de la pandemia y por las decisiones, en ocasiones erráticas, tomadas por los responsables políticos con el objetivo de neutralizar la expansión de esta grave enfermedad y minimizar sus efectos sobre la ciudadanía.
Pese a los reiterados intentos de los gobiernos central y autonómico para convencer a la población de las bondades de su gestión, las cifras sanitarias, el enorme número de afectados y, por desgracia, de fallecidos a causa de la pandemia, nos permite dudar de la eficacia de la gestión. Desde los primeros días, con el entonces ministro Salvador Illa aparentemente al frente de la batalla contra el virus, hemos asistido a una serie interminable de despropósitos que han puesto en grave riesgo tanto la salud de las personas como la estabilidad del sistema público de salud. En todos estos meses, el Gobierno de España ha sido incapaz de impulsar una normativa coherente que permita a todos los responsables gubernativos hacer frente común en esta lucha.
El comercio en enclaves turísticos se ha visto muy perjudicado por las decisiones del Procicat, al limitar su actividad hasta las 22 horasNunca agradeceremos bastante la ingente labor de nuestros profesionales sanitarios, su abnegación y entrega, aun a riesgo de sus vidas, especialmente en las primeras semanas en las que ni siquiera contaban con los equipos de protección necesarios. Una labor en la que siguen inmersos, haciendo frente a todas las adversidades y a los repuntes cíclicos en las cifras de la pandemia.
Pese a las adversidades afrontadas en el desempeño de su labor, nos han demostrado que nuestra salud está en buenas manos. Pero la mala gestión frente a la pandemia también ha tenido consecuencias graves para muchos trabajadores y autónomos y para muchas pequeñas y medianas empresas de diversos sectores. De forma reiterada, a lo largo de estos meses, desde el grupo parlamentario de Ciutadans en el Parlament hemos presentado varias iniciativas encaminadas a paliar los graves efectos de la pandemia en nuestro tejido productivo.
Mientras apuramos la temporada veraniega, quiero referirme a un sector muy presente en la Costa Dorada: el pequeño comercio en municipios turísticos. Junto a otros sectores, como el del ocio nocturno o la hostelería, el comercio en enclaves turísticos se ha visto muy perjudicado por las decisiones del Procicat, al limitar su actividad hasta las 22 horas, obligándoles a cerrar en una franja horaria nocturna en la que sus ventas han sido siempre muy significativas para el conjunto de su actividad.
El 22 de julio, tras una breve conversación telefónica con el consejero de Interior, presentamos una propuesta de resolución solicitando al Gobierno de la Generalitat la ampliación del horario comercial en los municipios turísticos hasta las 00:30 horas. El señor Elena se había mostrado receptivo a la propuesta. Pero el PROCICAT sigue sin recogerla, sigue dándole la espalda también a este sector.
Está claro: este desgobierno es una ruina.