Días atrás se han podido ver ya a los primeros manteros, que como es habitual, han montado sus tenderetes temporales a tierra con productos de toda clase, en el punto que colinda Cambrils con Salou, frente al aún cerrado hotel Augustus. Llamó la atención que mientras los bares y restaurantes se veían obligados a bajar la persiana y cerrar sus puertas, puntualmente a la hora que marcan las restricciones de la pandemia, y a pesar de las muchas personas que suelen pasear junto al mar, los manteros tuvieran barra libre para desmontar sus puestos ambulantes pasada la hora de la puesta de sol. Una actividad ilegal, como es conocida por todos, pero que Pablo Iglesias, candidato a la presidencia de la comunidad de Madrid, parece que la ha hecho legal, en el momento que el líder de Podemos ha fichado para la lista que encabeza a las elecciones de Madrid, al portavoz del Sindicato de Manteros e integrante de la Asociación de Sin Papeles Madrid, Serigne Mbayé, que se suma así a conseguir una silla de diputado en la Asamblea madrileña a partir del próximo martes, 4 de mayo. Mbayé, como otros muchos inmigrantes que tienen como actividad el vender a orillas de la playa de la Costa Daurada, llegó en patera a la isla de Tenerife y estuvo internado cuatro días en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). También pasó por un centro de acogida en La Coruña y después recaló en Madrid, donde comenzó a ganarse la vida como mantero. Más tarde, tras regularizar su situación y obtener la nacionalidad española, trabajó en la construcción, ejerció de administrativo y lanzó la explotación de un restaurante con otros socios.
Esto último, al parecer, con mayor fortuna que otros manteros que venden en la calle solo con el objetivo de buscarse la vida. Personas que trabajan para vivir. Personas mayoritariamente procedentes de África que reciben muchas quejas de otras personas que, seguramente con mucha razón, se quejan de esta venta considerada, mayoritariamente también, como una competencia tóxica contra los comerciantes locales, que creen que la procedencia de sus mercancías es ilegal.
Este tipo de decisiones, como la tomada por Pablo Iglesias, de hacer todo por el pueblo, pero sin el pueblo, me recuerda al despotismo ilustrado con el que los monarcas del siglo XVIII gobernaban algunos países europeos, como Austria, Francia, Rusia y Prusia, en el contexto más generalizado de unos sistemas que que imponían para guiar la razón y las decisiones humanas por el absolutismo que se ejercía sobre el pueblo. Decisiones propias que me recuerdan a otro dictador como Nicolás Maduro, en Venezuela, que lejos de apoyar el desarrollo de un cambio político de sus ciudadanos, amenaza diariamente, enfundado en su chándal, a periodistas, empresarios y políticos. Maduro debería madurar y estar convencido de que sus decisiones, que han convertido a su país en su propio rancho, obedecen a que todo lo hace por el pueblo, pero sin el pueblo.
Estas conductas de despotismo de gobiernos absolutistas, nos deben preocupar, en todos sus niveles. Tanto a nivel estatal como autonómico o municipal. Porque la decisión del exvicepresidente del gobierno español, de incluir al líder de un sindicato de una actividad ilegal en una lista electoral, es preocupante. Porque aunque sea legal el ser candidato en unas elecciones, así como el dirigir una asociación laboral, que como cualquier otro sindicato sea el defender y negociar los derechos de los trabajadores ante los empresarios, creemos que no por hacer todo por el pueblo, pero sin el pueblo, son decisiones que las debemos ver dentro de la normalidad política, en la que parece que todo vale. No estoy cuestionando, porque la mía no es más que una opinión personal, ni la ilegalidad de la venta de los manteros, ni la actividad que desarrolla un sindicato legalizado en la Ley reguladora del Derecho de Asociación Sindical.
Como jubilado lo que me preocupa es que no se cotice por aquello que da un rendimiento económico empresarial, como muchos hemos cotizado durante décadas, para asegurar las pensiones de hoy, las de nuestros hijos y las de nuestros nietos. Probablemente por eso, hablando de las elecciones en Madrid, otra formación política se presenta en esta comunidad a las elecciones del 4M, con el lema «en defensa propia». El partido Tercera Edad en Acción, formado mayoritariamente por personas jubiladas, presenta candidatura a la Asamblea madrileña en defensa, entre otros muchos conceptos, de aquello que deben conocer muy bien como es el asegurar las pensiones y el que se haga la reforma fiscal que necesita nuestro estado. Todos conocemos el derecho a cobrar una pensión, porque así lo garantiza el artículo 50 de la Constitución, que afirma que los poderes públicos deben proteger a los ciudadanos mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas. Con una prestación digna y que se revalorice anualmente, como un derecho fundamental al que los ciudadanos no solo estamos obligados a reclamar sino a defender. Pero que, con actividades ilegales que no cotizan, no podremos mantener en un futuro.
Los derechos fundamentales de los ciudadanos aparecen contemplados en el primer título de la Constitución. Derechos vinculados a la dignidad y a otros tan fundamentales como el de tener una vivienda digna, la educación, el derecho a reunión o al de la libertad de expresión. En esta libertad de expresión, permítanme que reclame que las pensiones sean también contempladas como derechos fundamentales de los ciudadanos, dentro de un marco legal que nos asegure la viabilidad y el cobro de éstas en un futuro. Y que para reclamar con esta libertad de expresión las pensiones, lo haga en defensa propia.
Ángel Gómez: Periodista.