El precio de la electricidad sigue batiendo récord en España, por encima de los 120 euros por megawatio consumido y eso a las puertas de una ola de calor. El problema no consiste en que haya tenido o no efecto la rebaja del IVA (del tipo general del 21% al reducido, del 10%) aprobada por el Gobierno el pasado mes de junio para intentar reducir estas cifras insoportables sino en causas de fondo que no se están abordando como sí es necesario hacer. Se mitiguen o no tocando los impuestos, uno de los principales factores a los que hay que atribuir los precios desbordados en nuestro sistema marginalista se deben a que la demanda supera la oferta de las energías más baratas, renovables y nucleares, y ha de ser atendida poniendo en marcha centrales de ciclo combinado que se alimentan con gas natural, cuyo precio, por diversas razones geopolíticas y de mal funcionamiento oligopólico de los mercados, ha subido de forma inaceptable (cuesta cinco veces más que hace un año). También encarece la factura el elevado precio de los permisos para producir dióxido de carbono (CO2).
¿Qué se puede hacer ante estas evidencias? De entrada, negociar en el seno de la Unión Europea un mix distinto. No tiene sentido que el precio final de la electricidad no se relacione con el promedio de los costes de la energía proveniente de las distintas formas de generación sino que sea el de la fuente más cara (las centrales de gas).
En paralelo, demás, hay que avanzar en la generación de energía renovable y solar, incrementar la importación de electricidad europea y sobre todo fomentar el autoconsumo. Y todo ello a gran ritmo porque si se quiere avanzar con rapidez en la contención ecológica de las emisiones y no se dan pasos importantes en materia de producción de energía verde el consumidor acabará pagando la falta de decisiones en esta materia de su propio bolsillo.