Ahora que parece que el nuevo gobierno de la Generalitat está a la vuelta de la esquina, se abre una ventana de oportunidad para Tarragona, una ciudad que durante demasiado tiempo ha visto sus necesidades relegadas al fondo de la agenda del ejecutivo. El nuevo gobierno, independientemente de su composición y signo político, heredará una lista de inversiones pendientes que ascienden a más de 250 millones de euros y, sobre todo, la ocasión de cumplir con ellas. Y es imperativo que estas promesas no caigan nuevamente en saco roto.
Uno de los agravios más evidentes es el continuo retraso del proyecto del Fòrum Judicial, pendiente desde 1999. Esta obra, con una inversión prevista de 70 millones de euros, es vital para una ciudad que sigue siendo la única capital de provincia catalana sin un edificio judicial único.
La reciente queja presentada ante la Síndica de Greuges refleja el hartazgo y la indignación de una comunidad jurídica que merece mejores condiciones. La sanidad también sufre. El nuevo Hospital Joan XXIII, con un valor de 170 millones de euros, ha visto apenas el inicio de su primera fase. Se necesita que el proyecto avance sin demora para que los servicios hospitalarios estén a la altura de las demandas actuales y futuras. El CAP Jaume I es otro equipamiento clave. Atiende a más de 32.000 personas, un 30% más que hace dos décadas, en unas instalaciones obsoletas y saturadas. También hay agravios en materia educativa: los alumnos del Institut L’Arrabassada y la Escola Ponent continúan estudiando en barracones, una situación insostenible para una educación de calidad. Hay que ponerle remedio.
Todos estos proyectos, y son solo unos pocos ejemplos, son mucho más que simples edificaciones; representan la dignidad y el futuro de Tarragona. Es hora de que el nuevo gobierno demuestre con hechos y no solo con palabras, que Tarragona no es la gran olvidada de Catalunya. Tarragona merece más, y es hora de que la Generalitat salde su deuda.