La armonización fiscal en la Unión Europea (UE) es un asunto largamente debatido y que, sin embargo, cobra cada vez más urgencia. En un mercado único que promueve la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales, resulta contradictorio que las disparidades fiscales entre los estados miembros generen desigualdades, distorsionen la competencia y fomenten la evasión fiscal. La armonización, simplificación de impuestos y eliminación de paraísos fiscales internos e incentivos específicos no solo resultaría en un sistema fiscal más equitativo, sino también en una Europa más fuerte y coherente. Actualmente, las diferencias entre los sistemas fiscales europeos permiten que ciertos estados adopten políticas impositivas atractivas para las grandes empresas y capitales, erosionando las bases fiscales de otros países y promoviendo una competencia desleal. Irlanda, Luxemburgo y los Países Bajos, por ejemplo, han sido señalados por atraer inversión mediante el dumping fiscal, cosa que también priva a los Estados de ingresos esenciales para financiar servicios públicos y políticas sociales.
Empresas y particulares ganarían con un entorno fiscal predecible, sin regulaciones que varían de un país a otro o de un año para otro
Se quejan de esta situacion este domingo en el Diari desde dos ámbitos diferentes. El catedrático de la URV Antonio Terceño, dice que en Europa «debería hacerse una política fiscal más común», y lo razona sencillamente: «Tenemos un mundo global, pero con normas, a menudo, locales». El presidente saliente del Port de Tarragona, Saül Garreta, advierte de las consecuencias del exceso de legislación tributaria y del oportunismo fiscal: puede acabar matando a la gallina de los huevos de oro, es decir, las inversiones de las grandes corporaciones que sostienen la industria del territorio. La simplificación de los sistemas fiscales, una mayor coherencia legislativa estatal, y la eliminación de las ventajas específicas de ciertos países, serían un paso significativo para reducir esta competencia dañina y promover una mayor seguridad jurídica. Las empresas y particulares se beneficiarían de un entorno fiscal predecible, donde no tengan que navegar complejas regulaciones que varían de un país a otro o de un año para otro. Un marco fiscal armonizado facilitaría la colaboración entre las agencias tributarias de los diferentes países, permitiendo el intercambio de información más eficiente y una mayor capacidad para combatir el fraude y la evasión fiscal.