Las administraciones de la provincia de Tarragona elevaron su recaudación por la vía de los impuestos el año pasado hasta alcanzar la cifra récord de casi 2.500 millones de euros, una cifra que supera incluso los números de 2007, cuando la crisis provocada por la burbuja inmobiliaria aún no había hecho su aparición.
El aumento cobra especial relevancia al registrarse en el año en que estalló la guerra en Ucrania, lo que supuso un frenazo brusco al crecimiento que venía experimentando la economía tras la salida de la pandemia. Incluso adquiere tintes de excepcionalidad al producirse cuando están todas las luces de alarma encendidas por la posibilidad de una nueva crisis.
Claro que detrás de este ascenso se halla el descontrolado tirón de los precios que vivimos el año pasado, por el que los tipos de gravamen del IVA y otros tributos se aplican a cantidades más altas.
En este contexto, el enfriamiento del consumo no impide de momento un balance muy favorable, aunque la persistencia en el tiempo de una inflación desbocada se dejaría notar en ese sentido, sobre todo si coincidiera con un parón de la actividad y un deterioro del empleo.
Sería deseable que este incremento de la recaudación se utilice en paliar la difícil situación que viven muchas familias
Es probable que el incremento de la recaudación –un balón de oxígeno para las instituciones– se vea corregido conforme avance el año. Al margen de cuánto lo haga, resulta necesario acomodar al IPC real la deflactación de las tablas del IRPF para impedir una encubierta y generalizada subida fiscal como la ejecutada este año, que no es ajena al alza de los ingresos.
Al mismo tiempo, y precisamente por los efectos que la inflación y la subida de los tipos de interés está teniendo sobre los hogares, sería deseable que este incremento de la recaudación se utilice en paliar la difícil situación por la que atraviesan muchas familias y por el refuerzo de los servicios públicos para que los impuestos repercutan en el grueso de la población.