El 7 de septiembre de 2017 el Parlament aprobó la Ley de Transitoriedad Jurídica (o de Desconexión), como culminación de una sesión de dos días en la que se violaron la Constitución, el Estatut y el Reglamento de la Cámara, saltándose el Consell de Garanties Estatutàries establecido por la misma Generalitat.
Puigdemont, presumiendo de desafiar al Estado, se hizo fotografiar en su despacho, bajo el cuadro de Tàpies, con cinco advertencias de ilegalidad del TC. Con tal ánimo, la ley de desconexión parecía definitiva.
En realidad fue simbólica. Dos años después, (se cumplen hoy), Antoni Puigverd señala, como prueba de ello, que los líderes independentistas esperan la sentencia del TC «en cárceles catalanas cuyas llaves están en manos de la Generalitat».