El último informe del Instituto de Estudios de la Energía de la Universidad de Oxford confirma lo que todos hemos podido comprobar en los últimos años: que la electricidad se ha puesto por las nubes en nuestro país. El estudio indica que justo cuando la crisis económica hacía mayores estragos, entre 2008 y 2014 y mientras la mayoría de ciudadanos sufrían una devaluación salarial sin precedentes, el recibo de luz se encareció un 52%, el doble que en la UE.
Lo más preocupante del asunto no es el impacto de la subida en los bolsillos de los ciudadanos o en la competitividad de las empresas (entre ellos el sector químico de Tarragona que lleva años denunciando su posición de desventaja frente a otros competidores europeos). Lo que corroboran los datos es que llevamos años siendo víctimas de una política energética errática y cambiante que, al final, pagamos los consumidores. Prueba de ello es que detrás de la subida se encuentran los costes regulatorios, es decir, no los relacionados con el consumo, sino con las redes y la política energética. Estos últimos son los que han provocado que la factura eléctrica haya pasado de ocupar el undécimo puesto de las más caras de la UE al cuarto en siete años.
Eso porque hemos pasado de la atrevida pero a la vez costosa y poco realista apuesta por las energías renovables de la etapa Zapatero (cuyas consecuencias aún pagamos), al recién aprobado y ya bautizado como impuesto al sol, que impone una serie de cargos sobre todo a la energía fotovoltaica y que convierte a nuestro país en prácticamene el único del mundo en el que se ponen trabas a la autogeneración.
Pese a que era necesario acabar con el déficit de tarifa, queda mucho por hacer. El recibo de la luz no puede seguir financiando, entre otras cosas, las ayudas al carbón. Y España debe ser capaz de encontrar un modelo energético claro y sólido que permita a los ciudadanos y las empresas pagar un precio razonable por un bien de primera necesidad como es la luz.