Estamos viviendo unos momentos históricos importantes. Estamos en una prórroga del Estado de Alerta, conseguida con un pacto con EH Bildu que impone la derogación total de la reforma laboral de 2012.
Vivimos en una excepcionalidad constitucional que da manos libres al Gobierno para hacer casi todo lo que quiera, no sólo sobre el coronavirus, sino en gran parte de la gobernanza, sin contar con la Cortes, el poder legislativo, que parece que solo actúa para el control al gobierno y para votar un nuevo periodo del Estado de Alerta. Esto ya, de por sí, crea una auténtica inseguridad jurídica. Esperemos que no dure más. Ha sido bueno si con ello se ha conseguido preservar la salud de la población frente al contagio del coronavirus.
Sin embargo, hay problemas de fondo que dejan muy intranquilos a los muchos ciudadanos. Uno de ellos es que el PSOE de Pedro Sánchez, ahora junto con Podemos de Pablo Iglesias, quiere poner a todo el Estado al servicio del Gobierno. Quieren poner a las instituciones del Estado al servicio del Gobierno.
La segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento, Janet Sanz, ha anunciado su negativa a reactivar el sector automovilístico porque «contamina», especialmente el Grupo Volkswagen. ¿Es un anuncio para decir que se vaya SEAT de Barcelona?Primero comenzó con el nombramiento de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, como Fiscal General del Estado. Y la Abogada General del Estado, que debe defender al Estado y no al Gobierno, Consuelo Castro Rey, está al servicio de La Moncloa, como se vio en el juicio a los independentistas, por una parte, y ahora al posicionarse contra la jueza (¡!) que instruye la investigación judicial sobre posibles responsabilidades al autorizarse la manifestación feminista del 8-M. La manifestación feminista del 8-M es el nudo gordiano ideológico del actual Gobierno: la defensa del feminismo, de un feminismo radical. En Barcelona el 14 de febrero ya se suspendió la feria mundial del móvil, el Mobile World Centre, por el coronavirus.
Ahora se acaba de descabezar a la Guardia Civil, con tres ceses fulminantes en su cúpula. Podemos ya ha dicho que no le gusta nada la Guardia Civil, y no digamos el mundo independentista, tanto catalán como vasco, que son los que gobiernan ahora España con el PSOE. ¿Quiere el Gobierno que la Guardia Civil se reduzca a un cuerpo civil, como es la Policía Nacional? ¡Si levantara cabeza el duque de Ahumada, su fundador! ¿Se pretende una Guardia Civil que prevarique e informe a sus superiores de los casos judiciales que tiene entre manos? ¿A qué viene anunciarles un aumento de sueldo que esperaba la Guardia Civil desde hacía tres años, acordado por el gobierno de Mariano Rajoy con los sindicatos del cuerpo?
Y en pleno Estado de Alarma, viene la noticia de Nissan diciendo que se va de Barcelona, cierra las tres fábricas catalanas, dejando sin empleo a unos 2.700 trabajadores directos y 25.000 indirectos (las industrias auxiliares del automóvil). Pedro Sánchez prometió empleo seguro a los trabajadores.
Y como para arreglar las cosas, o para demostrar que España es su cortijo, el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, dice en el Congreso, nada menos que en la comisión para la reconstrucción tras el coronavirus, que puede nacionalizar Nissan, pues «las nacionalizaciones no son de derechas ni de izquierdas». Es un aviso a navegantes, a posibles inversores en España: el Gobierno puede nacionalizar empresas.
Lo dicho por Iglesias, no solo es una estupidez nacionalizar Nissan, pues no sabemos de dónde sacará la tecnología Nissan el señor Iglesias. ¿O quiere crear un automóvil made in Spain?
En el sector del automóvil, especialmente en Barcelona, llueve sobre mojado. La segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento, Janet Sanz, de Podemos versión catalana y concejal de Urbanismo y Movilidad, anunció su negativa a reactivar el sector automovilístico porque «contamina», especialmente el Grupo Volkswagen. ¿Es un anuncio para decir que se vaya SEAT de Barcelona? El sector de la automoción reaccionó en bloque pidiendo su dimisión.
No todo acaba aquí. España ha sido y es uno de los principales fabricantes de automóviles del mundo: aquí están SEAT, Volkswagen, Ford, Opel, Citroën, Peugeot, Renault, Nissan… El gobierno francés, ante la crisis del coronavirus ve que sus fábricas automovilísticas pasarán muchos apuros y ha decidido apoyar al sector con 8.000 millones de euros. Alemania ha decidido apoyar a su empresa aérea de bandera, Lufthansa, con 9.000 millones de euros… al tiempo que España anulaba la reforma laboral.
Eso no acaba aquí. El Gobierno piensa pagar la factura del coronavirus subiendo impuestos, entre ellos 30 céntimos la gasolina y al gasoil, para más inri.
El país se está desindustrializando y aquí, desde una vicepresidencia del gobierno se nos dice: vamos a nacionalizar. ¿Y si se van las francesas Citroën, Peugeot y Renault? ¿Y Ford? Si vamos a reconstruir el país, dándose los políticos puñetazos unos a otros, lo que hacemos es mandarlo a la ruina. Y no hemos hablado de Galicia, de Lugo en concreto.
Y porque no hablamos del turismo, pidiendo cuarentenas a los que vienen de fuera hasta mitades de junio. Y del comercio que un 20 por ciento cerrará…
No puedo alargarme más y no me gustan las tristezas. Pero sí poner en alerta al ciudadano, a los gobiernos, para que gobiernen y dejen de decir y hacer estupideces y tonterías. Que vuelva a funcionar el Congreso y el Senado, y la Justicia sin que seas acosada por el Gobierno cuando investiga o sentencia algo que no gusta. No más peleas y no más populismo. Creo que los ciudadanos merecemos más, mucho más, con la que hemos pasado y con la cuestionable gestión que hemos sufrido durante el coronavirus.
¿Adónde España?
Salvador Aragonés. Escritor y periodista nacido en Vinyols i els Arcs, ha sido director de Europa Press, donde también fue corresponsal en el extranjero. Es profesor emérito de Redacción Periodística en la Universitat Internacional de Catalunya.
