España, como el resto de países de nuestro entorno, ha tomado medidas extraordinarias en materia de alquileres de vivienda y de préstamos hipotecarios. Aunque no cubren todas las situaciones posibles ni tampoco lo hacen de la mejor manera, al menos se ha dado respuesta a las más imperiosas, hasta el punto de que el Covid-19 ha conllevado la paralización de los desahucios, las ejecuciones hipotecarias, ha hecho los pagos de los alquileres más asumibles, se ha aumentado el parque de oferta de alquiler por el descalabro de Airbnb y demás plataformas colaborativas por el hundimiento del turismo (lo que ha ayudado a recuperar el medioambiente y a parar la gentrificación de las ciudades), se han ampliado numerosos subsidios, se ha aplazado el pago de impuestos e, incluso, se ha dado cobijo a las personas sintecho. Además, se está hablando sobre la introducción de una renta mínima universal.
Ya, pero, ¿qué sucederá cuando el virus remita? ¿Volverán a desahuciarse a los inquilinos, a ejecutarse las hipotecas, a subir las rentas de los arrendamientos, a gentrificarse las ciudades, a permitir que vuelva a empeorar el medioambiente, a reducir los subsidios, a volver a pagar tantos (o más, ya verán) impuestos, a quitar la renta mínima universal y a echar a las personas sintecho de los pabellones donde hoy duermen ellos, para poder volver a jugar a baloncesto o a exhibir arte moderno en ellos?
A efectos de vivienda, que muchos trabajadores cualificados puedan teletrabajar quiere decir que no necesariamente hace falta que estén viviendo en la ciudad donde trabajan, sino que pueden ir a ella solo cuando lo necesitenLa pregunta es, pues, ¿qué quedará de estructural de lo que, en principio, se ha acordado como «excepcional» debido a la pandemia? Bueno, algunas de las medidas sobre arrendamientos de vivienda e hipoteca se van a alargar varios meses después del estado de alarma (ya viene previsto así en los Reales Decretos-Ley, lo que no deja de generar dudas de constitucionalidad) y los supuestos no cubiertos van a generar numerosos pleitos judiciales en un sistema judicial que ya estaba colapsado antes de esta crisis. Pero, en cuanto al resto, parece que todo el mundo está «preparando motores» para volver a hacer lo mismo que hacían hasta hace un mes.
¿Pero realmente va a ser así? ¿Vamos a vivir en las mismas ciudades? Bueno, hay por lo menos tres elementos que me llevan a pensar a que no, que quiero compartir con ustedes.
En primer lugar, parece que existe una relación entre contagios y hacinamiento. Lo hemos visto, de una manera lamentable, en residencias de personas mayores; lo hemos visto en los focos iniciales de contagios: en ciudades grandes, en ciudades cosmopolitas, dinámicas, donde la gente viaja, se desplaza masivamente en transporte público y viven «en colmena». Y dependiendo del patrón que tenga el virus (si volverá en octubre o el año que viene, de su fuerza, de lo preparados que estemos para las nuevas cepas, etc.), a ver si resultará que vivir en las ciudades no va a ser lo seguro que venía siendo y será mejor pasar a vivir a zonas más tranquilas, sin tanto cosmopolitismo, sin compartir tanto espacio y servicios; vivir más separados.
En segundo lugar, está demostrado que las ciudades tienen un atractivo para optar por vivir en ellas: ofrecen mayores posibilidades para relacionarse, mayor oferta lúdica, comercial, de restauración, etc. No obstante, si el «distanciamiento social» se institucionaliza durante meses (o incluso algún año, como ya se está hablando) después del estado de alarma para evitar rebrotes, ¿estaremos dispuestos a seguir haciendo cola en cualquier comercio, como hacemos ahora para comprar en el supermercado?; ¿seguirán siendo atractivos y/o económicamente viables bares y restaurantes, cines y teatros, que deberán permanecer semivacíos obligatoriamente para mantener las distancias?; ¿o vamos a encontrarnos con ciudades aún más tristes y desertificadas?
Y, en tercer lugar, uno de los principales motivos para el que parecía (hasta hace un mes) un imparable proceso de urbanización (migración campo-ciudad) era el laboral: que en el campo hay poca cosa a hacer (bueno, hay mucha, pero es dura, como se ve ahora que hacen falta miles de personas para recoger cosechas) y que las oportunidades laborales, especialmente las cualificadas (white collar) se han creado únicamente en las (grandes) ciudades. Pero, hasta ahora, junto a los white collar tiene que haber blue collar (dependientes, trabajadores de la restauración, bajos funcionarios, pequeños profesionales liberales, etc.) quienes, debido al encarecimiento progresivo de la vivienda debido a los primeros, se han visto expulsados progresivamente del centro de las ciudades hacia el extrarradio. Pues bien, a causa del Covid-19 observamos dos procesos. El primero, que muchos white collar pueden teletrabajar; a efectos de vivienda, quiere decir que no necesariamente hace falta que estén viviendo en la ciudad donde trabajan, sino que pueden ir a ella solo cuando lo necesiten, viviendo alejados. El segundo, que si bien los blue collar usualmente no pueden teletrabajar, podrán plantearse, por primera vez, qué les sale más rentable: si cobrar los 500 euros más complementos de la renta mínima universal -de introducirse y quedarse- y vivir con ello en el campo sin necesidad de trabajar (más, probablemente, algunos ingresos en negro, dada nuestra abundante economía sumergida); o seguir viviendo pagando precios abusivos en el extrarradio de esas ciudades que hemos descrito, trabajando por 1.200 euros/mes. A ver si resultará que el Covid-19 va a ser también la respuesta a la «España vaciada».
*Sergio Nasarre es catedrático de Derecho civil es doctor europeo en Derecho y Máster en Economía Inmobiliaria por la Universidad de Cambridge.Premio ICREA a la excelencia de la Investigación 2016-2020, es consultor en varios organismos internacionales como la Comisión Europea, la FAO o Amnistía Internacional.
