Sin renovar el actual contrato de la basura firmado hace 23 años, la ciudad de Tarragona no podrá cumplir con los objetivos de la nueva Llei de Residus. Así lo alerta el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales (PSC), en un escrito de alegaciones presentado ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), al que ha tenido acceso el Diari.
En el documento, registrado después de que la empresa ganadora del concurso –GBI Paprec– recurriera su expulsión del proceso ante el alto tribunal catalán, el máximo dirigente tarraconense enfatiza que la paralización del proceso desde hace nueve meses para renovar la concesión produce una «perturbación muy grave de los intereses generales», ya que la actual contrata cuenta con una maquinaria que «en muchos casos tiene más de 14 años».
«El Ayuntamiento, los ciudadanos y los trabajadores no pueden seguir con un servicio así»
Rubén Viñuales
Alcalde de Tarragona
En el escrito, el alcalde adjunta un informe del Departament de Neteja Pública del Ayuntamiento de Tarragona en el que se expone que, sin poder actualizar la mayor concesión del consistorio –prevista en 233 millones de euros por los próximos diez años–, «no se puede garantizar la higiene y la salubridad en la vía pública», a causa de la «antigüedad de los vehículos y la maquinaria», con más de la mitad de la operativa habiendo agotado su vida útil.
El alcalde cita también que el informe técnico pone de manifiesto que «los contenedores y la tecnología actual del servicio público que se presta no permite lograr el cumplimiento de los objetivos y las obligaciones fijadas en la ley 7/2022», un hecho que «sí que se podrá lograr con la prestación del nuevo contrato», resalta el primer edil. Esta normativa fija, por ejemplo, que en 2035 debe reciclarse un 65% de los residuos, una cifra que en estos momentos es del 37% en la ciudad.
«Ya era urgente en abril del 23»
«El Ayuntamiento, los ciudadanos y los trabajadores no pueden continuar con un servicio de estas características. Si una cosa está clara en relación al interés general es que esto no soporta una demora en la adjudicación del servicio, que ya era urgente en abril del 2023 y que ahora ya se ha convertido en una necesidad», detalla el alcalde.
En la misiva, Viñuales resalta al TSJC que «cualquier actuación que demore la adjudicación será totalmente contraria al interés general y al bienestar comunitario» e indica que «en principio» la resolución del tribunal administrativo que eliminó a GBI Paprec del proceso «provoca una demora en una adjudicación del todo necesaria y urgente», y «parece insinuar una demora indeterminada en el caso de que el resto de empresas presente recursos contra una hipotética adjudicación final».
Por ello, el alcalde resalta que «no se pueden admitir más demoras» y que «cualquier situación procesal no debería impedir la adjudicación definitiva del contrato, su formalización y su ejecución inmediata».
