Llegó a Tarragona en el año 2016, procedente de un país extranjero, y empezó a vivir de alquiler en la habitación de una vivienda propiedad de una chica que desapareció completamente a los dos meses. En consecuencia, él se quedó solo y sin poder hacer frente al coste del arrendamiento, pero con la voluntad de negociar un alquiler social.
La propiedad del inmueble dictaminó hasta tres desahucios, que finalmente pudieron detenerse. Este testimonio acudió a Servicios Sociales y a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Tarragona con el objetivo de obtener un arrendamiento de tipo social.
La orden de desahucio aún seguía activa y, en diciembre del pasado año, se detuvo el desalojo por cuarta vez. No obstante, se le dijo que el uno de febrero se efectuaría y que acudirían los Mossos d’Esquadra. Él afirma que lo vivió todo con muchísima tensión.
No es tan solo la cuestión de tener un techo, que al fin y al cabo termina siendo la más importante, sino que también entran en juego las dificultades con el idioma, no tener cerca a la familia, residir en un ambiente al que no estás acostumbrado...
Y es que no es tan solo la cuestión de tener un techo, que al fin y al cabo termina siendo la más importante, sino que también entran en juego las dificultades con el idioma, no tener cerca a la familia, residir en un ambiente al que no estás acostumbrado...
Al tener una orden de desahucio activa, entró en la mesa de emergencia para poder tener acceso a alquileres sociales. Huelga decir que hay una amplia lista de espera para poder acceder a ellos.
A pocos días de que se produjera el desalojo, se le comunicó que se le había aprobado la solicitud. Sin embargo, también se le dijo que, en ese momento, no había pisos disponibles para que pudiera entrar. Con lo cual, iba a quedarse en la calle sí o sí.
En la actualidad, se encuentra esperando que una persona de la Generalitat vaya a su vivienda para echarle un vistazo y ver en qué estado se encuentra y si hay que llevar a cabo alguna obra de rehabilitación
Con el apoyo de la PAH, volvió a hablar con la propiedad sobre su nueva situación, y consultó sobre la posibilidad de entrar en el programa de realojamiento de la Generalitat. Eso suponía que este testimonio abonaría un alquiler social y que, el resto, correría a cargo de la Administración: «Los grandes tenedores así lo prefieren, ya que de esta forma cobran un alquiler de mercado», afirma la portavoz de la PAH en la capital, Stela López.
Este testimonio pudo terminar evitando el que iba a ser el quinto intento de desahuciarlo y, en la actualidad, se encuentra esperando que una persona de la Generalitat vaya a su vivienda para echarle un vistazo y ver en qué estado se encuentra y, si hay que llevar a cabo alguna obra de rehabilitación, que sería comunicada a la propiedad del inmueble y, una vez efectuada, se firme el contrato del realojamiento.
En el caso de que, por algún motivo, no fructificara el acuerdo de dicho programa, este vecino seguiría teniendo el colchón de la mesa de emergencia, de manera que en ningún caso quedaría desamparado.
Otro caso tratado por la PAH es el de Maribel, una vecina de setenta años de La Selva del Camp que compró un piso hace más de veinte años y que, por culpa de la crisis del 2008, se vio sin ingresos y con una deuda de más de 170.000 euros
«Me pagan para que me vaya»
Otro caso tratado por la PAH es el de Maribel, una vecina de setenta años de La Selva del Camp que compró un piso hace más de veinte años y que, por culpa de la crisis del 2008, se vio sin ingresos y con una deuda de más de 170.000 euros. El banco se la condonó en 2017 y le ofreció tres años de alquiler social.
Tras diversas prórrogas, el contrato se le acabó el pasado 15 de noviembre y Divarian, el fondo que pasó a gestionar el inmueble, no tiene intención de renovárselo. «La han demandado por impago cuando es mentira, ella sigue pagando todos los meses a pesar de que le venció su contrato», afirman la portavoz de la PAH de Reus, Sandra Casanova.
Maribel afirma que le han ofrecido más de 10.000 euros para que abandone la propiedad. El caso está en la vía judicial y ella comunica que demandará a la propiedad. Todavía no hay fecha para ningún juicio.
