‘Perdón’ récord en Tarragona por la ley de Segunda Oportunidad. El mercantil 1 de Tarragona ha exonerado a una mujer del pago de más de cinco millones de euros. «La deuda perdonada incluye créditos ordinarios y subordinados con entidades financieras. Y procedía del aval de operaciones de financiación de una empresa familiar dedicada a la construcción que quebró», afirma Jorge Fernández, abogado del bufete Círculo Legal que ha logrado la resolución.
Se trata de la mayor exoneración de deuda de la historia de su despacho. Es, a su vez, una de las mayores cuantías ‘condonadas’ en España. El magistrado del mercantil tarraconense declara el archivo de las actuaciones y la exoneración del pasivo insatisfecho con carácter definitivo. Eso incluye «todas las deudas insatisfechas, tanto las nacidas con anterioridad a la declaración de concurso como aquellas que no aparecían en la declaración de deudas».
El letrado manifiesta que «el fallo del auto obliga además a los acreedores a que de inmediato den de baja a esta mujer de 50 años de los ficheros de morosos en los que estaba inscrita». La resolución, comunicada en ese auto, supone una liberación para una persona que llevaba numerosos años arrastrando deudas. «Se trata de una mujer que tenía una empresa familiar con sus padres y sus hermanos. La empresa contrajo un ‘pool’ bancario bastante elevado de créditos y pólizas», explica al ‘Diari’ el letrado. «Los bancos, además de darle el préstamo a la sociedad, establecían como avalistas a ella, a toda la familia y a los padres», añade Jorge Fernández.
Pero las cosas se complicaron y la empresa terminó quebrando en una derivada más, en parte, de la crisis provocada por el estallido de la burbuja. Entró en una espiral de demandas y de ejecuciones hipotecarias en las que la mujer incluso acabó perdiendo su casa.
La nueva ley, un salvavidas
La nueva ley concursal se ha convertido en un auténtico salvavidas para casos así. «A pesar de que la empresa hubiera dejado de existir, las deudas por aval continuaban vigentes. Con la nueva normativa, la reforma de 2022, existía la posibilidad de solicitar lo que se llama un concurso sin masa, que busca un procedimiento bastante más rápido», añade Fernández.
«Presentas la solicitud de concurso, aportas tu listado de acreedores y tu listado de activos», añade. La base de todo es la buena fe del deudor, así como también demostrar su incapacidad para devolver todo lo que debe. «Influye, por ejemplo, tener una nómina pequeña, sin sobrantes, ganar menos del SMI o demostrar, en el fondo, que lo que te pueden embargar es muy poco. Consiste en acreditar que no tienes nada a tu nombre, ni coches, ni nada, solo incluyes tu nómina», dice Fernández.
No ocultar propiedades
Toca demostrar que no se están dando casuísticas como tener un testaferro que tenga a su nombre bienes que en realidad son del deudor, ocultar propiedades o falsear datos. Nada de eso ocurrió en este caso. Tras declararse el concurso, el juez concede a los acreedores un plazo de 15 días hábiles para que pidan que se nombre a un administrador concursal para comprobar si el concurso es calificable como culpable. «Transcurridos esos días, al no oponerse nadie, el deudor contó con un plazo de 10 días hábiles para pedir la exoneración del pasivo insatisfecho, que finalmente nos ha concedido el juez», celebra el jurista.
La mujer pone fin así a casi una década con una situación de insolvencia e inseguridad. «Para ella es un alivio, es algo que le permite empezar una nueva vida y dejar todo esto atrás. Es una manera de empezar de cero, de soltar todo el lastre de haber estado en los ficheros de morosidad. Podrá dejar atrás ese estigma», apunta el abogado. Lo particular de este caso es el elevado montante, que en concreto asciende a 5.032.000 euros.
La ley de la Segunda Oportunidad está generando un reguero de ‘perdones’, la mayor parte de ellos muy inferiores a esas cifras, aunque también se dan algunas cantidades elevadas. Joan Corominas, abogado del despacho tarraconense Cims Jurídics, destaca que «ahora se hace todo más rápido, es un proceso mucho más directo, más ágil y en cuestión de tres meses se puede hacer».
Alrededor del 70% de la actividad de este bufete gira alrededor de la Segunda Oportunidad. «Las cantidades varían mucho pero en líneas generales la horquilla va de los 100.000 a los 300.000 euros, aunque recientemente hemos tenido un caso de 1,6 millones», destaca Corominas, que hace un perfil de las personas que obtienen esa exoneración o que, al menos, pelean por conseguirla: «Suelen ser negocios que empezaron a ir mal y se intentaron salvar, sacando un préstamo para pagar otro. También hay situaciones en las que una empresa pedía un préstamo y alguien, por ejemplo, de la familia, hacía de avalista».
«Demostrar que no hay bienes»
Todo ello se enmarca en la nueva Ley Concursal, que el 26 de septiembre hizo su primer aniversario y se ha convertido en un aliado sobre todo para familias y autónomos que arrastraban grandes deudas. «Se trata de demostrar que no tienes bienes o si los tienes costaría más liquidarlos que lo que podrían aportar. O, por ejemplo, puedes tener una vivienda pero vale menos de lo que estás debiendo», explica Corominas.
Apenas quedan casos heredados de la anterior crisis, pero sí de la época de la pandemia, con un casuística específica: «Hay muchos empresarios y emprendedores que pidieron créditos ICIO en su día para poder aguantar pero ahora ha llegado el momento de devolverlos y no es sencillo».
Las exoneraciones derivan en que bancos, financieras o prestamistas se queden sin cobrar y dan carpetazo, en líneas generales, a mucho sufrimiento acumulado durante años. «Detrás hay un componente humano muy fuerte. Cuando envías el auto de exoneración es indescriptible la alegría que sienten y la sensación de liberación», zanja Joan Corominas.
Los concursos de acreedores se duplican en Tarragona
Los concursos de acreedores se han duplicado este año en la provincia, siguiendo con una inercia que ya comenzó en 2022. En el primer semestre, ha habido 471, por los 198 del año pasado, según la estadística del Consejo del Poder Judicial (CGPJ). Es más del doble.
Ya el año pasado se alcanzó un récord en las comarcas tarraconenses, con un saldo de 590 concursos, el mayor de los últimos años, y un 56% más en relación a 2021 (378).
Esos incrementos tienen que ver con el final de la moratoria de los concursos de acreedores, una parte más del escudo que protegió al tejido empresarial en los años más duros de la Covid.
La moratoria terminó en el mes de junio de 2022, y a partir de ahí se disparó el número de estos procedimientos. Si hasta ese momento el balance rondaba el centenar de casos al trimestre, a partir de ese instante se han ido superando los 200. Ese alza exponencial era algo esperado. Es, asimismo, una fotografía más fidedigna de los estragos de la pandemia y de la inflación sobre el tejido empresarial.