TGN quiere albergar la agencia estatal de seguridad química

Esquerra y PSC acuerdan una moción en el pleno municipal para que el Ayuntamiento aspire a ser la sede de organismos de nueva creación del Gobierno Central

17 junio 2022 19:36 | Actualizado a 17 junio 2022 19:36
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El Ayuntamiento de Tarragona pedirá al Gobierno Central acoger la futura agencia estatal de seguridad química. Así lo han acordado durante el pleno de este viernes Esquerra Republicana y el PSC, a raíz de una moción presentada por los socialistas que también ha contado con el apoyo de Junts per Tarragona, PP, Ciutadans y los concejales no adscritos Hermán Pinedo, Sonia Orts y José Luis Calderón, además del «no» de la CUP.

En el texto original, el PSC proponía que el Consistorio «inicie los procedimientos necesarios para optar a ser la sede de alguno de los organismos que el Gobierno de España puede desconcentrar», así como que «el gobierno municipal redacte una propuesta con los edificios o espacios que puedan ser sede de alguno de los organismos, así como de las necesidades que en cada caso se deriven». Asimismo, el principal partido del Saló de Plens apuesta por «buscar la complicidad y el apoyo de la Generalitat de Catalunya en todo este proceso» para que «acompañe a la ciudad para poder lograr su objetivo» de «ejercer la capitalidad, pensar en grande y ser un polo de atracción, conjuntamente con la Universitat Rovira i Virgili (URV) y el sector».

En su propuesta, los socialistas habían puesto sobre la mesa tres posibles agencias: la espacial, la de salud pública y la de inteligencia artificial. Sin embargo, para llegar a un acuerdo Esquerra ha exigido que en el texto se especificara que «preferentemente se solicitará reclamar la de seguridad química», así como que «el Estado se haga cargo de los gastos de adaptación del espacio escogido y del traslado del personal en las mismas condiciones que se hace con la ciudad de Madrid», o sea, sin que ello suponga ningún gasto para las arcas municipales. «Creemos que federalizar es bueno, pero no a cualquier precio», ha afirmado el portavoz de ERC –Xavier Puig–, quien considera que la ciudad «debe batallar» para acoger la agencia de seguridad química «al tener el complejo petroquímico más grande del sur de Europa, haber sufrido el accidente de Iqoxe y contar con una universidad especializada en el sector como es la URV». Sandra Ramos (PSC) ha aceptado las propuestas para «poder iniciar el proceso», a la vez que apoyó que «no deba tenir ningún coste».

El Consistorio exigirá que las obras y el traslado de personal no supongan ningún gasto

Dídac Nadal (Junts per Tarragona) también avala la moción. «Reordenamos la historia, ya que es evidente que hay algunas sedes en Madrid que no corresponde que estén allí en un Estado federal, como es el caso de Puertos del Estado», indica el portavoz de la formación juntaire, quien se muestra convencido de que la descentralización administrativa «es necesaria y preceptiva», ya que «no pedimos nada que no nos corresponda».

Contrariamente al voto de sus dos socios de gobierno en la Plaça de la Font, la CUP rechaza el texto. «No queremos instituciones del gobierno español en la ciudad. Lo que pedimos son políticas más valientes y que se apueste por saldar deudas históricas, como la biblioteca o la mejora de las infraestucturas ferroviarias», indica Inés Solé (CUP).

Aval del Senado desde 2020

El 25 de febrero de 2020 –justo antes de la explosión de la pandemia de la Covid– PSOE, ERC y Junts per Catalunya acordaron en el Senado una moción para impulsar la creación de la nueva agencia química que «fiscalice la gestión de la industria». En el texto –que contó también con el aval de Ciutadans, Comunes y PNV– se instó al Gobierno Central a «estudiar la posibilidad de crear una entidad consultiva de seguridad industrial» para «reforzar, si procede, los requisitos técnicos de seguridad industrial aplicables a la industria química».

En la moción de hace dos años en la Cámara Alta se apostó también por «promover ante la Unión Europea una pronta revisión de la normativa relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas». En este sentido, el documento solicitó a las instituciones continentales que la futura regulación «tenga en cuenta las conclusiones que se deriven de la investigación sobre las causas del accidente en Tarragona de la empresa Iqoxe».

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