La esperada mesa de diálogo entre las formaciones catalanas y estatales se inició ayer en el Senado. La cámara alta aprobó –con 150 votos a favor, 96 abstenciones y dos en contra (los de Vox) – una moción firmada por Esquerra Republicana, PSOE, Junts per Catalunya, Ciudadanos, PNV y Comunes en la que se insta al Gobierno Central a «estudiar la posibilidad de crear una entidad consultiva de seguridad industrial» para «reforzar, si procede, los requisitos técnicos de seguridad industrial aplicables a la industria química».
El texto –que fue presentado inicialmente por ERC a raíz de una propuesta liderada por el Ayuntamiento de Tarragona, con el edil Jordi Fortuny a la cabeza– apuesta por esperar a las investigaciones «que están llevando a cavo las autoridades competentes –y en especial la Generalitat de Catalunya– para identificar de una manera rigurosa las causas del siniestro ocurrido en el polígono químico de Tarragona» del pasado 14 de enero, en el que la explosión en la fábrica de Iqoxe acabó con la vida de tres personas. Cabe destacar que PP y Vox no apoyaron el texto, ya que apuestan porqué la agencia sea de carácter estatal y no de gestión autonómica.
Cambios normativos a la UE
En el documento –negociando intensamente ayer entre ERC, PSC y Junts per Catalunya– se apuesta por llevar a cabo el mecanismo de creación de la agencia y de refuerzo de la seguridad «en el marco de la Conferencia Sectorial de Industria y PYME, donde están representadas las consejerías de las comunidades autónomas» y existen, asimismo, «grupos de trabajo técnicos que se reúnen de forma frecuente para establecer criterios comunes de actuación».
El texto insta también a «promover ante la Unión Europea una pronta revisión de la normativa relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas». En este sentido, el documento aprobado ayer por una amplia mayoría pide a las instituciones continentales que la futura regulación «tenga en cuenta las conclusiones que se deriven de la investigación sobre las causas del accidente en Tarragona», así como que «se incremente la prevención de riesgos mediante una mayor información sobre el material almacenado y procesos de producción de las empresas químicas afectadas».
El texto pide que TGN albergue un núcleo europeo de investigación de seguridad químicaLa moción también pide a la UE que «refuerce las obligaciones de las empresas químicas relativas a la cobertura de sus propios riesgos, por ejemplo, con la instalación del correspondiente cordón de indicadores de control de calidad medioambiental y del aire».
Finalmente, el acuerdo a seis bandas insta al Estado a «estudiar ante la Unión Europea la creación de un núcleo europeo de investigación de excelencia en materia de seguridad de las empresas químicas, ubicado en Tarragona», que permita «dar apoyo técnico a las investigaciones sobre seguridad química que se requieran ante cualquier accidente de estas características que pueda producirse en Europa».
Junts carga contra Esquerra
La negociación no estuvo, sin embargo, exenta de polémica, especialmente entre las fuerzas independentistas. El coordinador de los diputados y senadores de Junts per Catalunya, el ebrense Ferran Bel, cargó contra Esquerra en declaraciones al Diari. «Es un escándalo y es incomprensible que, inicialmente, ERC propusiera que la agencia fuera de carácter estatal», aseguró el representante nacionalista, quien recuerda que la competencia de seguridad industrial, gestión de emergencias y medio ambiente «está transferida a la Generalitat de Catalunya», por lo que solicitar que el organismo fuera de titularidad del Gobierno Central «invadiría el ámbito competencial» del Govern. «La propuesta del PSOE era mucho más respetuosa con el autogobierno», resaltó Bel.
Por su parte, la senadora de Esquerra Laura Castel evitó entrar en polémicas. «Ha sido un trabajo y un esfuerzo para encontrar el consenso», indicó tras la aprobación del texto. Castel, que también es concejal de Tarragona, destacó que «solo ha habido dos votos en contra... y han sido de Vox».
Finalmente, Santi Castellà (PSC) reivindicó la necesidad de «dar una respuesta política a un hecho que no puede volver a suceder», ya que la explosión «supuso un antes y un después», debido al hecho de que «casi nada funcionó». Por ello, el político de la formación socialista espera que el de ayer sea el primer paso «para recuperar la confianza de la ciudadanía con la industria química».