El Ayuntamiento de Tarragona quiere que el agujero que debía albergar un parking inteligente robotizado en la Part Alta sea, al final, un aparcamiento convencional de gestión municipal. Así lo aseguró ayer el primer teniente de alcalde, Jordi Fortuny (ERC), tras el archivo provisional –sin responsables ni imputados– de la causa penal dictado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Tarragona tras 14 años de investigación que avanzó ayer el Diari. Después de gastar 30 millones de euros en una obra no acabada que –inicialmente– tenía un presupuesto que no llegaba a los cuatro, ahora el Consistorio mira hacia adelante y planea invertir otros cinco millones para poder abrir el recinto como parking.
«La decisión aún no se ha tomado, pero que sea un aparcamiento es una posibilidad muy madura», indicó ayer el presidente de la empresa que, en 2021, fusionó a la EMT con Aparcaments Municipals (AMT). De hecho, el máximo responsable de las compañías de movilidad del Consistorio avanzó que, incluso, los técnicos ya están «actualizando» un proyecto de hace una década para convertir el equipamiento en una instalación convencional, sin ningún sistema robótico.
«Alguna cosa debe hacerse allí»
El trabajo que ahora está en fase de recuperación preveía en 2012 reconvertir el agujero en un aparcamiento «normal», con un total de 319 plazas mediante una inversión de 5,6 millones de euros. Según el dibujo de hace una década, el parking contaría con cinco niveles, con acceso desde la calle Roser y salida en Puig d’en Pallars. Del global de estacionamientos, 223 serían para la rotación, mientras que 96 se destinarían a la venta, a un precio de 25.000 euros según las estimaciones del año 2012. Cabe señalar que en esa ocasión se sacó la construcción y gestión a concurso público, en una licitación que quedó desierta por la falta de interés de las sociedades privadas.
Según Fortuny, la adecuación y construcción del nuevo espacio comportará una inversión de cinco millones de euros, que se sumarán –junto a los posibles intereses de un préstamo bancario– a los 30 ya comprometidos, que irán a cargo de las arcas municipales porque la voluntad es que la gestión no se externalice. «Estamos estudiando el sistema de financiación, porque alguna cosa debe hacerse allí. Queremos tirarlo hacia adelante, lo tenemos todo preparado. Estamos retocando el proyecto ejecutivo, ya que por ejemplo durante estos años la legislación ha cambiado y la anchura de las plazas debe ser mayor», recalcó ayer el primer teniente de alcalde. De ello se desprende que el número de plazas será inferior a las 319, por lo que –si finalmente se ejecuta este nuevo plan– el número de coches que podrán estacionar en el ansiado parking Jaume I será menos de la mitad de los 600 previstos hace dos décadas, con el desastroso sistema inteligente que nunca se ha podido instalar.
¿Y la consulta de 2015?
De hecho, la voluntad de adaptar el fiasco del sistema robótico en convencional es apoyada por el socio mayoritario de ERC en el gobierno municipal: Junts per Tarragona. «No tenemos ninguna duda de que a la ciudadanía le preocupa centrar sus esfuerzos en el corto plazo y en dar a ese espacio un uso de forma inminente», afirmó ayer el portavoz juntaire, Dídac Nadal, quien siempre ha defendido públicamente que el recinto se habilite para un estacionamiento soterrado.
Por su parte, más dudas se muestran desde el tercer integrante del ejecutivo de la Plaça de la Font, la CUP. «Consideramos que el destino último del espacio debe decidirse de forma participativa», indica la concejal cupaire Inés Solé. Precisamente, cabe señalar que el objetivo de convertir el Jaume I en un aparcamiento chocaría con los resultados de la encuesta ciudadana que se llevó a cabo en 2015. En ese proceso, en el que participaron 239 personas, solo diez apostaron por insistir en el uso destinado a la movilidad. En concreto, el 23% de las personas que votaron se decantó por darle una utilidad cultural, una opción seguida por la asociativa (16%), educativa (16%), social (13%) y de ocio (13%). Por su parte, la posibilidad del parking se quedó en un ínfimo 2%.
Pendientes de Madrid
Jordi Fortuny detalló ayer que el plan del gobierno municipal (ERC-Junts per Tarragona-CUP) es el de actuar e iniciar la reforma en función del calendario que siga el proceso mercantil iniciado en el Juzgado de Primera Instancia de Madrid contra las financieras de la maquinaria del aparcamiento robótico: Metropolitan y BSCH, a las cuales la corporación local ha llevado ante los tribunales al considerar que habrían facturado material «no entregado» por valor de más de cuatro millones de euros. Un peritaje encargado por Aparcaments indica que en el agujero habría 831.000 euros en material, por los cinco millones de euros que se habrían pagado.
«Podríamos hacer uso ya del recinto, pero por prudencia no lo haremos inmediatamente, a la espera de si lo necesitamos como elemento de prueba. Estamos esperando que el juzgado nos diga algo», añadió el edil. Fuentes consultadas esperan que el tribunal oficialice la aceptación de la demanda en pocas semanas para que el juicio pueda llevarse a cabo entre finales de este año y principios de 2023.
Por lo que se refiere al sobreseimiento provisional de la causa penal, ayer el ejecutivo municipal reiteró que presentará recurso de reforma ante el Juzgado de Instrucción número 3. «Pedimos que se haga una prueba que consideramos que no se ha hecho, como es seguir el recorrido del dinero para saber si se ha producido alguna malversación», recalcó ayer Jordi Fortuny, quien detalló que si finalmente se declara el archivo definitivo «no será por la inacción de este gobierno». Pese al anuncio realizado por el primer teniente de alcalde, lo cierto es que el juez se muestra muy crítico con esta petición en su interlocutoria. «Pretender que se investigue sin mayores especificaciones podría suponer la introducción subrepticia que podría convertir la presente causa en una suerte de inquisición general», relata el magistrado, quien recuerda que un perito ya presentó un informe en este sentido y que tardó tres años en elaborarlo, «con siete prórrogas», indica el magistrado Vicente José Martínez Pardo en la resolución que acerca al desastre del Jaume I a su punto final sin culpables ni responsables.
