Unanimidad sin fisuras para exigir que las mercancías peligrosas pasen por fuera de la ciudad de Tarragona. Todos los grupos con representación en el pleno municipal de la Plaça de la Font han aprobado este viernes presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra el Pla director impulsado para la futura estación intermodal de la Boella.
Con la modificación del plan director urbanístico se elimina la estación intermodal de BASF, que provocará la reconfiguración del tráfico de mercancías con un aumento de trenes y camiones por la ciudad. El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha puesto de manifiesto que «estamos trabajando con el Ministerio y la Generalitat para que las mercancías peligrosas no pasen por la ciudad, ni por otros núcleos poblados, y con esta modificación justamente va en sentido contrario».
El pasado 15 de noviembre el pleno ya votó hacer un requerimiento previo contra la aprobación definitiva de esta modificación del plan director, que no obtuvo respuesta, y por tanto se considera rechazado. El Ayuntamiento de Tarragona defiende que aunque no se trata de terrenos municipales, la Modificación tiene implicaciones importadas por la ciudad y por tanto, debía haber participado en este proceso desde el inicio de su tramitación. El alcalde Viñuales ha añadido que «hasta ahora, las infraestructuras han condicionado Tarragona y esto debe cambiar: debe ser Tarragona quien condicione las infraestructuras pensando siempre en el bien de los tarraconenses y tarraconenses».
No se pide informe a TGN, sí a La Canonja y Reus
Desde un inicio, este proyecto activó todas las alarmas, ya que en los estudios de movilidad se prevé que la salida de los camiones desde el Port será a través de la A-27. Esto comportará un incremento de estos vehículos pesados, también con mercancías peligrosas. Desde el Ayuntamiento de Tarragona ya se hicieron alegaciones sobre la modificación de este Pla Director Urbanístic.
Lo que la ciudad pide es que, por un lado, aprovechando los nuevos accesos viarios de la ZAL, estos camiones salgan a través de Vila-seca, y por el otro que se incluya una reserva de suelo para el trazado ferroviario definitivo, para la salida de las mercancías del puerto también en dirección sur. Además, la queja del consistorio de la Plaça de la Font es que durante el proceso no se ha considerado a Tarragona como ayuntamiento afectado, como sí que se ha hecho con Reus y La Canonja, corporaciones a las que sí que se ha pedido informe.
Tarragona presentó su alegación contra el acuerdo de la Comissió de Territori de Catalunya, pero no se ha recibido ninguna contestación. Por ello, ahora se entiende que ha sido rechazada por silencia administrativo. Por ello, ahora la administración municipal dará un paso más y acudirá al TSJC.
«Se hipoteca el futuro»
«Se está hipotecando el futuro de Tarragona por un interés privado. No podemos permitir que hasta 46.000 camiones con mercancías pasen al año por la A27, donde además el POUM plantea una desarrollo urbanístico. De estos, 8.000 serían de mercancías peligrosas», indica el concejal de Urbanisme, Nacho García (PSC), quien detalla que «trabajamos con el Port para que las mercancías pasen por fuera de la ciudad. No podemos permitir ningún incremento. Llegaremos hasta el final».
En el expediente, los técnicos municipales consideran que en la planificación prevista para enlazar el Port con la futura estación intermodal «no hay una proyección adecuada de los intereses públicos», por lo que «no se justifica el interés público de la propuesta».
El posicionamiento del gobierno municipal ha contado con el aval de los 27 concejales de la Plaça de la Font. «Desde la campaña electoral ya todos estuvimos de acuerdo con este tema. Lo que no entendemos es que el PSOE del Parlamento Euopeo defienda lo contrario», ha indicado la portavoz del PP, Maria Mercè Martorell. Xavier Puig (ERC) también ha pedido al alcalde que «coja a los suyos y los alinee», a la vez que ha enfatizado que los republicanos «tenemos claro que debemos cerrar filas con la seguridad de la ciudad».
Sobre ello, el alcalde Rubén Viñuales ha afirmado que el voto de la eurodiputada Sandra Gómez en la cámara legislativa continental «fue un grave error», ya que la política «no leyó la última parte del informe del Ministerio, que decía que en el Camp de Tarragona la mejor opción es por el interior».
