El Ayuntamiento de Tarragona pagó más de 3,8 millones de euros en «premios» a sus empleados que se jubilaron de forma anticipada entre los años 2015 y 2021. Así lo ha podido contrastar el Diari, tras tener acceso a las liquidaciones presupuestarias de estos siete ejercicios, en los que se evidencia que en años como 2016 o 2018 estos gastos llegaron a suponer partidas económicas anuales de hasta 831.000 y 761.000 euros, respectivamente.
Estas gratificaciones, que ya no se concedieron ni en 2022 ni en 2023, están previstas en el convenio de condiciones de trabajo del consistorio aprobado en 2004 para compensar las penalizaciones que el Estado impone por dejar la actividad antes de la edad establecida legalmente, que son los 65 años. Según las tablas previstas en el acuerdo, las indemnizaciones se abonaban en relación al sueldo bruto y la pensión prevista del funcionario, oscilando entre el 70% y el 350% del sueldo bruto anual del empleado público que se retiraba entre los 60 y los 64 años.
A lo largo de estos siete ejercicios, fueron unos 75 los funcionarios y personal laboral que accedieron a estos premios. Así, según las liquidaciones económicas que ha podido contrastar este periódico, el gasto en los premios fue de 471.399 euros en 2015; de 831.625 en 2016; de 627.759 en 2017; de 761.315 en 2018; de 27.603 en 2019; de 49.727 en 2020; y de 348.750 en 2021. Toda esta cantidad, que asciende a más de 3,8 millones, supone una media de más de 50.000 euros por los aproximadamente 75 empleados que la cobró.
2021: plan de racionalización
Las fuentes consultadas indican que en los primeros años de vigencia de este acuerdo, antes de 2015, las «bufandas» con las que se fueron los altos cargos y los trabajadores de mayor nivel de la Plaça de la Font eran «exageradas», por lo que posteriormente se optó por «moderar» esta cantidad. «Nosotros pusimos seny, orden y voluntad», destaca el concejal y extitular de Serveis Generals entre 2019 y 2023, Jordi Fortuny (ERC), quien recalcaque el anterior gobierno «puso límites» a estas indemnizaciones.
Por ello, en el pleno del 27 de septiembre del 2021 se aprobó el plan de racionalización municipal, cuyo objetivo era planificar una renovación «racional» de una plantilla municipal que, en ese momento, ya tenía una media de 52 años. «Por lo tanto, se prevé un paso masivo de personal a la situación de jubilación durante la próxima década», se indicaba en la introducción del plan, que recalcaba la necesidad «de iniciar y facilitar un proceso de renovación de la plantilla que permita, en la medida de lo posible, una incorporación progresiva y ordenada de nuevo personal».
En 2022, el Tribunal Supremo invalidó estas gratificaciones al no tener «cobertura legal»
Por ello, por lo que se refiere a las jubilaciones anticipadas, se pasó de poder dar el OK a los 60 años a los 62,5 ó 63, con un mínimo de 35 años cotizados en la Seguridad Social. Asimismo, por primera vez se estableció un límite de cobro: los 40.000 euros si se adelantaba la jubilación dos años. Esta cantidad era de 35.000 euros por avanzarla 21 meses; de 30.000 por hacerlo un año y medio; 25.000 por adelantarla 15 meses; 20.000 por hacerlo un año; 15.000 si la retirada era 9 meses antes de lo establecido; 10.000 si era medio año antes; o 5.000 si el cese de actividad era solo tres meses antes de lo previsto legalmente.
Críticas del comité de empresa
Se da la circunstancia, sin embargo, de que el abono de estas gratificaciones fue invalidada por el Tribunal Supremo en una sentencia de marzo de 2022, al considerar que estos premios «tienen naturaleza de retribución» y que, por lo tanto, «no se ha identificado ninguna norma» que les otorgue «cobertura legal».
En siete ejercicios, unos 75 trabajadores cobraron unos 50.000 euros por su cese prematuro
A raíz de esta resolución del más alto tribunal estatal, el consistorio presentó en junio de 2022 una consulta ante la comissió Jurídica Assessora de la Generalitat sobre la legalidad de los incentivos por jubilación anticipada previstos en el plan de racionalización.
El organismo dependiente de la administración autonómica respondió en febrero de 2023 en el mismo sentido que el Tribunal Supremo: «Con independencia de su denominación, los premios o gratificaciones tienen naturaleza retributiva y no constituyen medidas de acción social si no responden a circunstancias imprevistas o sobrevenidas». Por ello, la comisión considera que «la previsión de estos premios no tiene la cobertura legal suficiente», ya que para tenerlo «necesitarían una norma habilitante con rango de ley dictada específicamente en materia de retribuciones del personal de las administraciones locales».
A raíz de esta resolución del organismo autonómico, el pasado mes de noviembre el Ayuntamiento envió notificaciones a los 15 empleados que, en estos momentos, o bien tienen tramitada la petición pero no resuelta, o bien tienen concedida la jubilación anticipada pero que optaron por fraccionar el pago en varios años.
En la resolución, firmada por la concejal de Serveis Generals –Isabel Mascaró (PSC)–, se informa a los empleados de la «incoación del expediente de revisión de oficio del incentivo económico» aprobado en 2021, así como de la «suspensión de la tramitación» del proceso. Fuentes municipales afirman que, asimismo, «se solicitará un informe preceptivo para ver si se pueden pagar, ya que esta es nuestra voluntad».
Desde el comité de empresa del Ayuntamiento, su presidente –Pablo Mena– muestra su «apoyo a los trabajadores» y avanza que «ya hemos puesto a su disposición un modelo de reclamación» porque las peticiones de los empleados «estaban basadas en un plan de racionalización aprobado por el propio consistorio».
