No hay ningún municipio tarraconense que supere los niveles de benceno y butadieno –compuestos tóxicos– que marca la legislación y los valores de referencia. Este es un spoiler en toda regla de los resultados que ha dado el Observatori de la Qualitat de l’Aire, un informe impulsado por Repsol, con el objetivo de saber qué es lo que respiramos en el Camp de Tarragona, teniendo en cuenta que es un territorio repleto de industria. Otro de los avances que podemos dar es que Barcelona es la ciudad que concentra más compuestos volátiles, notándose así el efecto del tráfico, por ejemplo. Por detrás, hay Lleida y Girona. Tarragona es la que mejor sale parada, pese a que en algunos puntos, como el Serrallo, Torreforta y Constantí la media sube considerablemente.
Por otro lado, el informe también revela que los ciudadanos de las poblaciones de Constantí y Puigdelfí, del barrio de Campclar y de la zona de la Universitat Laboral, son los que más benceno respiran. En el caso del 1,3 butadieno –el otro compuesto analizado por el Observatori–, los municipios que encabezan el ranking son el Morell, Constantí y el entorno de la Laboral. Pese a ello, el informe deja claro que, en ningún caso, se superan los niveles que establece la ley.
Por otro lado, los principales ayuntamientos del territorio adheridos al estudio celebran la iniciativa de la industria química, aunque creen que es importante que la Generalitat capitanee este barco de una vez por todas.
Finalmente, la entidad más crítica con el sector, como es la Plataforma Cel Net, es más contundente y opina que «la industria no puede auditarse a ella misma. Debería hacerlos una entidad neutral, sin intereses económicos».
Para poder entrar más al detalle del Observatori y sus efectos, responderemos algunas preguntas que nos ayudarán a entender y a contextualizar los resultados presentados este miércoles.
¿Quién impulsa este informe y por qué?
El Observatori de la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona es impulsado por Repsol con el apoyo de la AEQT y la coordinación del Institut Cerdà, en colaboración con la URV. El estudio empezó a hacerse en 2018, con el objetivo «de dejar atrás percepciones y sensaciones, y poner datos concretos encima de la mesa acerca de la calidad del aire que respiramos», explicaba el director del Complex Industrial de Repsol en Tarragona, Javier Sancho.
¿Qué se quiere saber con este estudio?
Una de las finalidades es ver la evolución de las inmisiones de componentes orgánicos volátiles (COV) en los municipios del entorno. Hay que diferenciar entre inmisiones, que es lo que respiramos la población, y emisiones, que, como dice la misma palabra, hace referencia a los compuestos que emite la industria.
¿Qué se consigue con tres años de estudio?
Por primera vez se dispone de un ciclo completo de datos de tres años sobre las inmisiones de COV. El Observatori cuenta, de esta manera, con 50.000 datos acumulados. Gracias a esta información se puede conseguir una visión retrospectiva que marcará las tendencias de cara al futuro.
¿Cómo se toman y analizan las muestras para llevar a cabo el estudio?
Según Lluís Inglada, director de l’Observatori, «se utiliza la misma metodología que utiliza la agencia americana de medio ambiente». Se analizan 18 puntos de muestreo en 11 municipios del Camp de Tarragona –El Morell, la Pobla de Mafumet, Constantí, Puigdelfí, Tarragona, Reus, Vilallonga, Alcover, Valls, Vila-seca y la Canonja–, además de cuatro puntos en ciudades de referencia que sirven para hacer las comparaciones, como son, Prades –con poca actividad contaminante–, Barcelona, Lleida y Girona.
Las muestras se cogen a través de una especie de tubos captadores, que se instalan en zonas urbanas y que retienen las partículas y elementos que hay en el aire. Estos captadores funcionan 14 días al mes. «Es decir, analizamos uno de cada dos días», apunta Inglada, quien añade que «se demuestra la fiabilidad de la metodología, ya que si comparamos nuestros valores con los de la Generalitat –tienen dos casetas medidoras– son muy parecidos».
¿El aire de Tarragona es el peor de Catalunya?
Según el Observatori, no. Las máximas concentraciones de compuestos orgánicos volátiles (COV) se registran en Barcelona –con casi 47 µg m-3–. En este caso, se nota el efecto del tráfico y de otras actividades. A las ciudades de Lleida y Girona hay valores por debajo de los 30 µg m-3, mientras que Tarragona queda por debajo con 26 µg m-3.
¿Pero hay algún punto en el territorio que supere esta media?
Sí. En algunos puntos de muestreo del Camp de Tarragona, como por ejemplo el Serrallo, Torreforta y Constantí, se superan los 30 µg m-3. Cabe recordar que, en este punto, estamos hablando de concentración de compuestos, es decir, contaminantes de todo tipo.
¿Existe normativa para regular los compuestos orgánicos volátiles?
Hay muy pocas referencias normativas o de recomendaciones que establezcan un límite de inmisión anual. El benceno sigue siendo el único compuesto regulado y mesurado. El límite que marca la normativa es 5 µg m-3. En el caso del butadieno, no existe normativa española o europea que limite la inmisión, pero el Observatori coge como referencia la recomendación de 2 µg m-3 de mediana anual que defiende el Ontario Ministry of the Environment (Canadá). El objeto del estudio de Repsol y la AEQT son dos compuestos: el benceno y el 1,3 butadieno.
¿Hay presencia de ellos en el aire que respiramos?
Según el Observatori, los resultados obtenidos apuntan a que todos los puntos de muestreo registran benceno por debajo de 1 µg m-3, muy lejos del límite de la normativa –recordemos que es 5 µg m-3–. Los municipios donde se detectan los valores más altos son Constantí –0,94 µg m-3– y Puigdelfí. También destacan la zona de la Universitat Laboral y el barrio de Campclar.
En el caso del 1,3 butadiendo, los resultados del informe muestran que la totalidad de los valores quedan por debajo de los 2 µg m-3, tal como marca la recomendación. La concentración más alta la encontramos en el Morell –1,45 µg m-3–, en la Laboral y en Constantí.
¿Y las puntas, qué?
Como principal novedad, y haciendo caso a las históricas reclamaciones de ayuntamientos y plataformas ecologistas, el Observatori ha empezado a evaluar este año los valores punta, es decir, cuando se registren episodios máximos de inmisión del compuesto. Los responsables prevén tener los primeros resultados dentro de seis meses.
¿Cuántas entidades hay adheridas al Observatori?
Hay ayuntamientos, empresas químicas, asociaciones empresariales, entidades vecinales, el Port de Tarragona y las Cambres de Comerç. Durante el 2021 ha habido nuevas incorporaciones en el Consell Social de l’Observatori, como son, los ayuntamientos de Vilallonga y Reus, o las asociaciones de hostelería de Tarragona.
¿Cómo valoran el estudio los ayuntamientos de los municipios más afectados?
Dos de las poblaciones más afectadas son El Morell y Constantí. El alcalde del Morell, Eloi Calbet, opina que este estudio debe ser «una herramienta más, pero no la única», y reivindica que la Generalitat debería ponerse al frente de este asunto. «Cuantos más datos tengamos, mejor lo tendremos para saber los efectos de estos compuestos en nuestra salud», dice Calbet, quien celebra que «hayan venido a la nuestra, analizando los episodios punta».
Por su parte, el alcalde de Constantí, Òscar Sánchez, comenta que es «loable y necesario» que la industria química lidere un proyecto como este, pero cree que «se debería haber iniciado unos años antes».
¿Por qué el Ayuntamiento de Tarragona no se suma a la iniciativa?
El consistorio tarraconense va por libre y, justo a principios de esta semana, el plenario aprobó una partida presupuestaria de 374.000 euros para realizar un estudio independiente de la calidad del aire. El debate estuvo centrado en si era competencia de la Generalitat o del Ayuntamiento hacer este análisis.
¿Qué opina la Plataforma Cel Net acerca de este estudio?
«La industria no puede auditarse a ella misma», dice Adrià Pallejà, portavoz de la Plataforma Cel Net, quien asegura que Repsol está haciendo el trabajo debería hacer la Generalitat. «Este estudio es responsabilidad del ejecutivo autonómico», opina Pallejà, quien añade que «la industria busca blanquear su actividad diciendo que no se superan los límites establecidos, cuando el problema es que la legislación es obsoleta. Lo mejor que podrían hacer es disolver el Observatori y gastarse el dinero en mejorar sus instalaciones».