El Ayuntamiento de Tarragona ha levantado la orden que suspendía la concesión de nuevas licencias relacionadas con usos de restauración, recreativo, musical y de ocio en el ámbito de la Part Alta. La medida, aprobada en el pleno del 23 de diciembre del año pasado, y que se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona (BOPT) el día 28, quedó anulada ayer.
Doce meses después de impulsarse esta moratoria, que quería limitar la proliferación de establecimientos para facilitar la convivencia con los vecinos, queda suspendida una normativa que abre la veda a la entrada en funcionamiento de nuevos negocios. Y lo hace en un contexto en el que el Ayuntamiento de Tarragona no ha tenido tiempo para dar luz verde a la modificación del POUM en este ámbito. Con este cambio se ordenarán los usos del espacio en toda la superficie de la Part Alta, y va a hacerse a través de un plan que explícitamente prohibirá la concesión de nuevas licencias para bares musicales y discotecas en el interior del núcleo histórico.
El objetivo del equipo de gobierno era superar este trámite en el último pleno del año. Sin embargo, no fue así. «Faltaban los informes de intervención y no hemos podido hacer la modificación del plan general para cuando acabase la suspensión de licencias», reconocía el concejal de Territori, Josep Maria Milà.
Habrá unas semanas de impasse hasta que se apruebe la modificación del plan generalEl edil socialista lo atribuía a que «los procedimientos son lentos». De hecho, a inicios de agosto había apuntado que incluso podría hacerse antes de acabar el año. No obstante, habrá que esperar hasta el pleno del próximo mes, que no prevé celebrarse antes del 25 de enero.
¿Y qué pasará durante este periodo de impasse? «Será un periodo descubierto», decía Milà. Esto supone que en las próximas semanas podrá solicitarse la autorización para abrir una discoteca o un bar musical en el Casc Antic. Mientras que «volverá a suspenderse cuando se apruebe la modificación del plan general», decía Milà.
Empuje a la rehabilitación
El Àrea de Territori lleva meses trabajando en esta modificación del POUM. Su objetivo es simplificar la regulación existente de forma que puedan impulsarse nuevos proyectos urbanísticos, sin todos los pasos que hay que dar ahora.
Se definirán de forma muy clara dos zonificaciones del espacio fortificado. La primera tiene la calificación de urbanística, representa aproximadamente el 40% de la superficie, mientras que el 60% restante son sistemas públicos y privados. Y en este segundo apartado se incluyen tanto las zonas verdes como el sistema viario y los equipamientos.
A partir de este nuevo sistema de ordenación, los propietarios que quieran impulsar una iniciativa deben tenerlo más fácil. Si ésta respeta la Llei del Patrimoni Català, podrá otorgarse la licencia sin tener que hacer un plan especial, como pasa ahora.
La administración local defiende que esto permitirá dar un nuevo impulso a la rehabilitación, desactivando las limitaciones y los vacíos legales que hacían que a día de hoy, por ejemplo, un inmueble como la Catedral ni siquiera tenía la catalogación de equipamiento.