El Govern ha impuesto una sanción de 900.000 euros a Renfe por vulnerar los derechos de los consumidores durante la avería de la R2sud en Gavà en mayo del año pasado. La decisión la aprobó martes el consejo ejecutivo en su reunión semanal, aumentado así en 200.000 euros el expediente abierto por la Agència Catalana de Consum el mes de noviembre después de una serie de inspecciones. Según el expediente, Renfe hizo “prácticas comerciales desleales, por acción o por omisión”, porque informó mal los consumidores a la hora de decidir si compraban billetes para aquella línea, una infracción que se considera “muy grave” teniendo en cuenta la “desconfianza” que se genera y el predominio de Renfe al mercado.
El origen de la sanción se remonta a tres expedientes sancionadores en Renfe hace justo un año en Barcelona, Tarragona y las Terres de l’Ebre por las irregularidades detectadas durante las inspecciones a raíz de las incidencias durante aquellas semanas en la R2sud. Las sanciones podían tipificarse como muy graves y oscilar entre los 100.001 euros y el millón de euros.
Pese a todo, Consum, que se ha centrado en el ámbito de atención e información a los consumidores, propuso una sanción de 700.000 euros en noviembre que finalmente el Govern ha elevado a 900.000 euros. Concretamente, 700.000 euros corresponden al expediente de Barcelona, 100.000 euros al de Tarragona y 100.000 euros al de Terres de l’Ebre.
La Generalitat desplegó un equipo de inspectores el 8 de mayo en las estaciones de Barcelona-Sants, Passeig de Gràcia, Camp de Tarragona, Reus y L’Aldea-Amposta-Tortosa para comprobar si la operadora cumplía con sus obligaciones hacia los consumidores y actuaba para reducir las incidencias en el servicio. Durante el transcurso de la inspección, detectó alteraciones de los horarios y de los transportes alternativos, puntos de atención a los clientes cerrados y trenes anunciados como directos que después se paraban a todas las estaciones.
Por eso, Consum considera demostrado que había “deficiencias” en la información que ofrecía la compañía ferroviaria en relación al servicio de la R2sud, que en aquellos momentos estaba afectada por la avería derivada del incendio en un cuadro de señales en Gavà.
La avería se produjo el 1 de mayo, y hubo polémica sobre su origen, atribuido inicialmente de forma errónea a un rayo. Posteriormente, se concluyó que se había debido a una rotura de un hilo de la catenaria que por la vandalització del sistema de tierra que tenía que proteger las instalaciones no pudo ser detectado automáticamente.
A raíz de la avería, la circulación de la R2sud quedó gravemente afectada, y durante unas tres semanas los trenes circularon con problemas. De forma progresiva, se fue retomando el servicio, con entre y un cuatro trenes por hora y sentido hasta que el 20 de mayo se normalizaron.
Este jueves, Renfe aseguraba que todavía no se le había notificado la sanción. Cuando en noviembre la Agència Catalana de Consum propuso castigar a la operadora con 700.000 euros, Renfe alegó que las modificaciones del servicio a raíz de la avería se consensuaron con la Generalitat, como titular del servicio. La operadora también explicó que hizo un esfuerzo para garantizar la movilidad y para mantener informados a los clientes a través de todos sus canales de comunicación y atención al cliente pese a la complejidad de la situación.
Así mismo, Renfe destacó entonces que la incidencia se produjo de forma “totalmente sobrevenida”.
