El curso político entra hoy, 1 de julio, en el último mes del año. Y en la Plaça de la Font lo hace con la temperatura muy subida de tono, tras unos meses que han supuesto uno de los ejercicios más tensos que se recuerdan y que, por ejemplo, ha comportado que por primera vez el Ayuntamiento se haya quedado sin poder aprobar unos presupuestos, lo que conlleva que el día a día de la administración municipal deba ir gestionándose con modificativos de crédito sobre las cuentas de 2021.
El curso del cambio de gobierno –con la entrada de Junts per Tarragona y la CUP y la salida de ECP– se inició con el veto de toda la oposición a la subida impositiva que propuso el gabinete de la Plaça de la Font, que pretendía incrementar un 5% la tasa de la basura y un 3,9% el IBI para ingresar 2,6 millones de euros más para compensar –en parte– la caída prevista de más de tres millones de la «nueva» plusvalía municipal, a raíz del tsunami ocasionado por el Tribunal Constitucional.
Sin cuentas ni reuniones
El debate sin acuerdo de las ordenanzas fiscales fue solo el primer capítulo de una serie de desencuentros que tuvo su punto culminante con el infructuoso diálogo sobre las previsiones económicas de 2022. Pese a que a mediados de diciembre estaba agendada una cumbre entre ERC y socialistas para intentar desbloquear la negociación, al final el PSC cambió de rumbo al detectar «que solo quería hablar una parte del gobierno local», en referencia a la oposición de la CUP. Todo ello, junto al «no» de Carla Aguilar (ECP) –que desoyó el «sí» que se votó en la asamblea de los Comuns por 19-6 tras el «no» rotundo de Podem por 33-0–, comportó que el alcalde Ricomà (Esquerra) se quedara sin números actualizados para este año, tras no querer convocar una cuestión de confianza.
Posteriormente, el tercer episodio lo protagonizaron los máximos representantes de PSC y ERC, cuando Josep Fèlix Ballesteros decidió solicitar al juez la comparecencia del actual alcalde, Pau Ricomà, de cara al juicio del caso Inipro que está previsto que se lleve a cabo en 2024. El líder socialista busca que el Primer Edil independentista reconozca que él también ha firmado decretos de pago de facturas para evitar un «enriquecimiento injusto» por parte del Ayuntamiento.
La chispa, por 85.000€ de Esports
Todo este recorrido, de más de nueve meses, ha provocado una tensión en el Saló de Plens que estalló este pasado miércoles, durante una nueva desavinencia que derivó en una queja por escrito que el PSC registró ante Alcaldía. La chispa, esta vez, saltó durante el debate sobre el modificativo de crédito de 1,8 millones de euros, que incluía 85.000 procedentes del Patronat d’Esports. Esto fue criticado por el PSC, que votó en contra al considerar que este dinero debería reinvertirse en el propio organismo. Este posicionamiento no gustó al concejal de Serveis Centrals, Jordi Fortuny (ERC), quien aseguró haber negociado «con Berni Álvarez», que «es quien se dedica y trabaja los temas de deporte en el PSC». Esta frase fue duramente criticada por la edil socialista Begoña Floria. Por ello, los socialistas presentaron una queja formal por el «tono ofensivo y alejado del respeto institucional» de Fortuny, a quien el PSC acusa de «dar pie a interpretar que la actividad profesional de Álvarez (entrenador del CBT) interfiere en las decisiones políticas del edil y del grupo municipal», en unas «insinuaciones que han sido formuladas anteriormente en varias ocasiones y que son totalmente falsas e inaceptables», según se indica en un escrito en el que también se denuncia «el recurrente abuso del tiempo» del gobierno municipal.
Fuentes del ejecutivo local aseguran al Diari que Jordi Fortuny «no se refiere en ningún momento a la actividad profesional del señor Álvarez, sino a que es el representante político del PSC que se encarga de los temas de deportes», a la vez que se lamenta que «la actitud del PSC durante los plenos es de una reiterada falta de respeto a las normas de funcionamiento, con interrupciones constantes a otros ediles y al presidente, mostrando una enorme falta de respeto a la institución y a la ciudadanía que sigue la sesión», en una postura «impropia de un partido con experiencia y, según dicen, con vocación de gobierno». A un año para las Municipales de 2023, la falta de diálogo, la polémica estéril y el bloqueo son los protagonistas del Saló de Plens.