Hacer todo lo posible para frenar la construcción de la nueva residencia privada de la Vall de L’Arrabassada. Esta es la gran condición que Podem pone sobre la mesa para reabrir la negociación del presupuesto municipal del próximo año. La asamblea de la formación morada decidió el pasado 20 de diciembre oponerse a las cuentas del ejecutivo de ERC, Junts per Tarragona y la CUP por un claro margen de 33-0, pero ahora no vería con malos ojos dar una «segunda y última oportunidad» al diálogo si el ejecutivo de la Plaça de la Font accede a aceptar en las previsiones de 2022 cuestiones que para el partido progresista son «estratégicas».
«En primer lugar, pedimos como condición sine qua non que el Ayuntamiento solicite un informe jurídico sobre el importe de la paralización de un proyecto que es totalmente contrario a los principios políticos de Podemos», afirma el secretario de organización en la ciudad, Mariano Pescador, quien recalca que «no aceptamos la gestión privada de una residencia que se pretende construir en terrenos públicos, es decir de todos los tarraconenses».
De hecho, en la asamblea de hace diez días este fue uno de los puntos que más se habló en el encuentro entre militantes. «Domus Vi es una multinacional responsable por su negligencia en la gestión de numerosas muertes en residencias durante la primera ola de la pandemia. Aparte de ser participada por fondos de gestión buitres que tienen su centro de actividad económica en paraísos fiscales», añade Pescador.
En septiembre de 2020, el Ayuntamiento aprobó por silencio administrativo positivo el Pla Especial para la construcción de la nueva residencia en la finca en la que, en principio, estaba previsto ubicar la escuela pública del barrio de Llevant, que al final se edifica en otro terreno cercano.
La empresa Domus VI fue la ganadora del concurso público para edificar y gestionar durante cincuenta años el equipamiento que se edificará en la zona de Llevant, a cambio de un canon de 135.000 euros anuales.
Fuentes municipales afirman que el proceso administrativo «ya está muy avanzado», por lo que se intuye que, como ya sucediera con el PP10, el coste de paralizar el proyecto «sería millonario». Por ello, Catalunya en Comú apuesta por solicitar al ejecutivo de Pau Ricomà (ERC) que ceda un solar municipal a la Generalitat para la construcción de una nueva residencia pública en la ciudad.
«Sorpresa» con el PSC
Por otra parte, ayer se evidenció de nuevo la mala relación entre Esquerra y PSC, después de que los socialistas hayan rechazado finalmente sentarse a negociar las cuentas porque considera que «no se dan las condiciones objetivas ni de respeto institucional necesarias para mantener ningún tipo de reunión formal ni en clave de ciudad». En un comunicado de prensa, el PSC justificó el cambio de rumbo en las «manifestaciones emitidas el martes por diferentes miembros del gobierno municipal» en contra del diálogo, por lo que entiende que «se constata que la propuesta recibida no procedía del conjunto» del gabinete local.
Esta justificación cogió por «sorpresa» al portavoz del equipo negociador de ERC-JxTGN-CUP, Xavier Puig, quien calificó la argumentación del PSC como de «excusa» para «dar un volantazo». «No lo entendemos. Citan unas declaraciones de miembros del gobierno que les habrían hecho daño, cuando esto no es así. Ningún integrante del ejecutivo ha dicho nada en contra del proceso de diálogo», indicó el edil republicano, quien lamenta que la formación socialista «se haya levantado de la mesa» antes de que el gobierno municipal hubiera podido presentarle la contestación a las propuestas que realizaron hace dos semanas, y que incluían un paquete de actuaciones valorado en ocho millones de euros.
«Esto lo íbamos a hacer en la reunión de hoy, pero hemos tenido conocimiento de que la anulaban por los medios de comunicación», añadió un Puig que espera poder cerrar el proceso de negociación del presupuesto de 2022 «lo más rápido posible» para evitar la prórroga o la cuestión de confianza.
