A falta de confirmarse la prórroga de las normas subsidiarias urbanísticas por parte de la Generalitat, a 30 de noviembre de 2024 Tarragona debería tener aprobado definitivamente el futuro POUM. Sin embargo, el cambio de Gobierno en la Plaça de la Font ha supuesto un nuevo rumbo en materia de urbanismo, que ha dilatado los acelerados plazos con los que trabajaba el Àrea de Territori, desde que a finales de octubre de 2020 saltó la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el plan de 2013.
Según confirma el concejal de Urbanisme, Nacho García, «estamos trabajando en los cambios que dijimos que queríamos introducir». Y esto principalmente pasa por recuperar proyectos que apuestan por el crecimiento de Llevant, como Mas d’en Sorder o la Vall del Llorito. En cambio, se descarta la recuperación del macroproyecto de La Budellera, entre la Vall de l’Arrabassada y Cala Romana.
Por el contrario, los de Rubén Viñuales abogan por una «reducción» del crecimiento que el avance del POUM preveía en el ámbito de Ponent, lo que pasa por la transformación de la Horta Gran en un parque agrícola, así como la eliminación de la edificabilidad en el ámbito del PP-9.
Según explica el cuarto teniente de alcalde, «el equipo redactor está introduciendo los cambios, a la espera que la Generalitat nos diga si es un POUM diferente al que se planteó durante el anterior mandato». Esto determinará si finalmente debe acabar redactándose un nuevo avance o si la administración catalana considera que las modificaciones no son sustanciales y, por tanto, puede retomarse la tramitación en el punto que se dejó. No obstante, el escenario con el que se está trabajando sería el primero, lo que comportaría reiniciar el proceso de acuerdo como estaba hace un año.
Un nuevo proceso participativo
«Rápidamente cuando lo sepamos haremos un acuerdo de Junta de Govern para poder encargar formalmente al equipo redactor un nuevo avance, pero de momento la Generalitat no nos dice nada», asegura García. Esto comportaría iniciar un nuevo proceso participativo que, en todo caso, el Ayuntamiento afirma que «sería más reducido, ya que el anterior ya fue muy extenso y estuvo muy bien, por lo que creemos que podremos aprovechar muchas cosas». Este se extendió por toda la ciudad, con un total de 436 participantes, en 16 talleres que recorrieron todos los barrios.
La situación hace que a día de hoy el calendario esté en el aire. Inicialmente la aprobación inicial estaba prevista para el último trimestre de este año. No obstante, el responsable de urbanismo apunta que «esperamos que el primer semestre del año que viene podamos tener una propuesta definitiva, para hacer una aprobación del avance y si el proceso participativo es rápido, quizás a finales del año que viene podría hacerse la aprobación inicial».
El nuevo escenario representa que sí o sí el Ayuntamiento se mueve en un escenario en el que las normas subsidiarias deberán ser prorrogadas. Este aspecto se ha abordado en varias reuniones con representantes de la Generalitat, tanto con el mismo presidente, Pere Aragonès, como no el Departament de Territori. Sin embargo, la petición formal todavía no se ha realizado y desde la Generalitat se asegura que esta debería iniciarse a través de la Comissió de Territori de Catalunya.
Desde el grupo municipal de ERC, el concejal Xavier Puig afirma que «vemos el escenario actual con bastante preocupación». El periodo que definió la administración catalana para la prórroga de las normas es de un año y medio, por lo que a mediados de 2026 el documento definitivo debería estar completamente aprobado.
Abrir el proceso
«Lo que más nos preocupa es ver como corremos el riesgo de que decaigan las normal y que volvamos al plan del 95, con la situación de parálisis que comportaría y el mal reputacional que significaría para la ciudad», argumenta el edil republicano. Asimismo, Puig critica que en este periodo el nuevo Gobierno «no ha avanzado en las negociaciones con los partidos ni las instituciones», ya que no se ha producido ninguna reunión para abordar el tema. De hecho, este es un aspecto en el que coinciden el conjunto de las formaciones con representación en la Plaça de la Font.
«Esperamos que tan pronto como se acabe de hablar de los presupuestos empecemos con el POUM, porque es un tema caudal para la ciudad», afirma la portavoz del PP, Maria Mercè Martorell. La edil popular aboga por una «revisión» del plan de 2013 «adaptado a la nueva normativa y a la legislación vigente», de forma que Llevant sea la futura zona de crecimiento de la ciudad, mientras la Horta Gran pueda transformarse «en una especie de Central Parc», con el verde como protagonista.
Desde Junts per Catalunya, Jordi Sendra también se suma al Gobierno y al PP apostando por el crecimiento por Llevant. «La gente debe poder decidir a dónde quiere vivir», afirma. Y, si bien, apunta que no es el momento de «macroproyectos», iniciativas como Terres Cavades y Mas d’en Sorder «deben recogerse». «El POUM debe ser uno de los grandes temas de este mandato y hace falta buscar consensos», sentencia.
Por su parte, el grupo municipal de Vox defiende «la importancia de escuchar a todas las voces y de tener en cuenta la diversidad de opiniones y propuestas para garantizar un plan que beneficie a todos los ciudadanos». Y este, según Francisco Javier Gómez, pasa por una apuesta «por el crecimiento demográfico y la construcción de más viviendas siguiendo un orden urbanístico racional, con dotación de servicios, zonas verdes y en todas direcciones, con la única barrera del mar y sin limitarse a la zona de Ponent».
Finalmente, desde En Comú Podem, Jordi Collado, afirma que «se está trabajando de forma interna, sin demasiado diálogo», por lo que es partidario de «abrir» el debate y hacerlo extensivo al conjunto de las formaciones políticas. Ampliar la protección de la Anella Verda, el soterramiento de la A-7 y un parque agrario que «no tan solo esté vinculado a la Horta Gran, sino también a la Vall del Llorito», son algunas de las consideraciones que esta formación defenderá que puedan incluirse en las negociaciones.