Se acabó el paréntesis de las terrazas. Con la Covid ya prácticamente en el olvido tras el verano de mayor actividad turística de los últimos años, la «regularización» del espacio público vuelve al orden del día del ruedo político, después de que la negociación de la ordenanza fuera el último gran debate en la Plaça de la Font antes del confinamiento de marzo de 2020.
Hace treinta meses, los contactos políticos embarrancaron a las primeras de cambio a raíz de las quejas del sector de la hostelería por un aspecto concreto de la propuesta inicial presentada por el ejecutivo municipal (entonces compuesto por ERC y ECP). En concreto, el punto 9.2 rezaba, textualmente, que «como criterio para la determinación del área total de ocupación se considerará la relación de un persona por metro cuadrado de superficie útil, sin que se pueda ocupar el 50% del aforo máximo permitido en el interior del establecimiento». Este porcentaje no gustó nada a los empresarios, pese a que la petición de la Guàrdia Urbana era incluso más restrictiva: el 25%.
Definir la nueva normativa
Ahora, ya con la pandemia presente solo en el retrovisor, la CUP vuelve a poner el tema sobre la mesa. «Pasada la excepcionalidad por la Covid, debe hacerse frente a la masificación y la privatización del espacio público, no puede haber un monopolio de terrazas», indicó ayer la formación cupaire, enfatizando la «necesidad» de «finalizar la ordenanza».
Desde el gobierno municipal, Esquerra avala la opción de reanudar la comisión política, «tal y como se habló en una de las reuniones del gobierno celebrada en julio», según recordaba la edil Cinta Pastó, quien recalca que «debe priorizarse la ocupación, los horarios o la estética del mobiliario».
Dídac Nadal (JxTGN) pide un «equilibrio» entre «el sector y los vecinos», y destaca que «el primer paso ya se está dando, como es obligar al cumplimiento de la normativa a todos los negocios que no la respetan y que suponen una fuente de conflicto».
Desde la oposición se pide retomar las conversaciones para definir la nueva normativa. «Hasta ahora ha sido un desastre. Presentamos enmiendas al texto inicial pero nunca tuvimos respuesta», lamenta Berni Álvarez (PSC), quien pide «no criminalizar» a «un sector que es clave para nuestra economía». Lorena de la Fuente (Cs) lamenta que el ejecutivo de la Plaça de la Font «no ha hecho nada para regular el sector», y exige que «todas las terrazas de la restauración de la ciudad tengan las mismas condiciones en horarios y espacio». Finalmente, José Luis Martín (PP) quiere «seguir apoyando a un sector muy castigado», por lo que pide que este «pueda participar en la comisión» y que se eviten «situaciones determinadas como en la calle Cós del Bou». Pese a que aún no ha cogido ritmo, el último curso político antes de las municipales de 2023 retoma las polémicas precovid.