Repuntan las reclamaciones bancarias. Las quejas al sector financiero se dispararon un 58% en 2021 en Tarragona, según la recopilación que realiza el Banco de España. Pasaron de 211 a 333, casi una al día. Pero el incremento es aún mayor si se compara con 2019. Por entonces hubo 184, así que en el intervalo de esos dos años prácticamente se han duplicado, rompiendo una tendencia a la baja. Tarragona se ha quedado cerca del récord de 2017, ubicado en 342. «Aquel fue un año álgido de reclamaciones», define Joan Andreu Reverter, presidente de la sección de derecho bancario del Col·legi de l’Advocacia de Tarragona. Por entonces el Banco Santander compraba al Popular por un euro y afectaba a miles de accionistas por la quiebra, generando una gran conflictividad que todavía dura en los juzgados.
Atrás quedan los años en los que los abusos fueron flagrantes en muchos casos y, además, de forma masiva, con ejemplos claros como las subordinadas o las preferentes. Ahora el Banco de España no ha detectado una causa concreta de un incremento que es fruto de un conjunto de reclamaciones. El regulador tramitó en España 34.330 reclamaciones de clientes bancarios en 2021, un 61% más que en 2020, de nuevo impulsadas por las hipotecas y las tarjetas, según detalla la reciente Memoria de Reclamaciones. El documento augura que el volumen de reclamaciones de 2022 se acercará de nuevo al máximo histórico de 2017.
Cobro de comisiones
En este sentido, los productos más reclamados continuaron siendo los préstamos hipotecarios. Cosecharon 11.481 reclamaciones (un 94,1% más que en 2020) y un aumento de su peso relativo, al contrario que en los dos años anteriores, hasta alcanzar una tercera parte del total.
Destacaron las reclamaciones motivadas por el pago de gastos de formalización (7.083, por pronunciamientos judiciales) y las derivadas de la contratación de productos vinculados. Fueron 1.249 reclamaciones, en su mayoría por el cobro de comisiones de mantenimiento en cuenta corriente utilizada exclusivamente para el pago del préstamo hipotecario.
En segundo lugar se mantuvieron las tarjetas (crédito, débito, ‘revolving’ y prepago), con 10.132 reclamaciones (+80,2%), impulsadas por las operaciones presuntamente fraudulentas efectuadas con tarjeta y la falta de entrega de documentación relativa a tarjetas ‘revolving’. En tercer lugar repitieron las cuentas corrientes y los depósitos, con 5.899 reclamaciones (+40,7%) y un menor peso relativo respecto al año pasado.
El director general de Conducta Financiera y Billetes del Banco de España, Alberto Ríos, ha apuntado que detrás del aumento del peso relativo de hipotecas y tarjetas en las reclamaciones se encuentran el aumento del fraude en los pagos digitales, y los cambios en las políticas de comisiones de los bancos, junto con los gastos de formalización de las hipotecas.
Las cifras baten el récord desde 2017, cuando quebró el Popular. La dinámica es al alza
La abogada tarraconense Ingrid Vinaixa confirma que «lo que nos llega básicamente son gastos de hipotecas, pero también sigue habiendo ejecuciones hipotecarias y productos financieros complejos que se han vendido de forma inadecuada y sobre los que pedimos su nulidad». «Se reclaman intereses de cláusulas suelo previos a haber firmado un acuerdo con el banco», añade Vinaixa, que sobre las prácticas abusivas apunta dos tendencias: «El volumen ha ido bajando, ya no es tan exagerado. Cada vez es más complicado ir contra los bancos, que cumplen de una forma bastante exhaustiva sus obligaciones. Ahora bien, también es cierto que se siguen comercializando productos que no son idóneos para los clientes».
El Banco de España admite también una cierta mejora: «Las entidades van asumiendo en mayor medida los criterios de buenas prácticas bancarias en sus relaciones con los clientes y esmerándose en el tratamiento de estos, algo que resulta positivo en términos de la supervisión de conducta».
«Los bancos no han cambiado. Es más, cada vez están más lejos del ciudadano», sostiene Joan Andreu Reverter, presidente de la sección de Derecho Bancario del Col·legi de l’Advocacia de Tarragona
Reverter matiza: «Los bancos están cumpliendo ciertos formalismos y requerimientos, pero en esencia no han cambiado. Siguen siendo bancos y noto que se alejan cada vez más del ciudadano».
Este letrado confirma que asuntos ligados al Banco Popular o al IRPH siguen llegando a los bufetes. A ellos se añaden las consecuencias del ‘phishing’, un delito en auge con la proliferación de los entornos digitales. «La víctima del robo es el usuario y vemos que el banco, que es quien ha creado el sistema de banca electrónica, se niega a pagar a ese cliente, que es víctima. En lugar de catalogarlo como un siniestro o de asumir su culpa, obliga al consumidor a demandar», cuenta Reverter.
A vueltas con las ‘revolving’
Antoni Mendía, del despacho tarraconense RV20, apunta a otro frente abierto, el de las tarjetas ‘revolving’, un producto que suele ir asociado a intereses elevados, en algunos casos usurarios. «Salió una noticia en relación a una sentencia del Supremo en la que declaraba válido un interés de más del 24%. Pero lo que ocurre es que se inadmitió a trámite un recurso de casación porque el abogado que lo presentó lo hizo mal, no porque se diera la razón a la entidad bancaria».
Uno de los casos recientes más llamativos fue la detección de usura no en una tarjeta sino en un préstamo hipotecario. En ese sentido, el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Tarragona ha tumbado este año una hipoteca por usura, anulando todos los intereses a pagar. La sentencia declara la «nulidad del contrato de préstamo hipotecario por ser usurario», por un interés que supera en más de 10 puntos el fijado por el Banco de España.
La memoria del Banco de España recoge 333 reclamaciones en Tarragona, casi una al día
También hay un goteo de las cláusulas suelo. «Están muy claros los criterios, pero aún hay bancos que se niegan a devolverlas cuando hay una reclamación de consumo y seguimos yendo a los juzgados», explica Mendía, que habla también de la colocación de «productos hipercomplejos». En todos estos casos es fundamental el perfil del cliente: no es lo mismo un ahorrador que un inversor con conocimientos financieros y consciente de que asumía riesgos en la operación.
Europa y el Banco Popular
Ahora se está a la espera de ver qué ocurre después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) de este 5 de mayo que determinaba que los accionistas que sufrieron pérdidas por la resolución del Banco Popular no pueden reclamar compensación al Banco Santander basándose en que recibieron información defectuosa al adquirir esos títulos antes de la disolución.
Es verdad que hay muchos clientes que han cobrado. En 2021, un matrimonio tarraconense recuperó 130.000 euros que perdió en acciones del Popular. Se trataba de una pareja a punto de jubilarse a la que la entidad convenció para comprar y «asegurar la pensión». Sin embargo, quedan otros muchos casos en segunda instancia, pendientes de las audiencias provinciales, y en las que la resolución de Bruselas puede ser clave.
«El TJUE evita que haya una socialización del gasto e indica que las pérdidas las deben soportar los bonistas y los accionistas. Eso tiene lógica pero no hay que olvidar que en el caso del Popular hay pruebas de que hubo una falsificación de las cuentas y la responsabilidad del nuevo banco, el Santander, va ligada a un acto ilícito que no debería tener cobertura legal. Y desde ahí seguimos luchando», dice Reverter.