«Al límite», así se han declarado en estos últimos días las entidades que atienden a personas con discapacidad intelectual. La manifestación la hacían la federación Dincat que representa a cerca de 300 entidades del sector de la discapacidad intelectual de Catalunya y la Coordinadora de Centres de Profunds de Catalunya (CCPC) a propósito de los presupuestos de la Generalitat y el desinterés, aseguraban, que habían constatado entre los partidos políticos.
«La diferencia entre el coste real de los servicios y el precio pagado en concepto de módulo o tarifa es cada vez más elevada, poniendo en riesgo la calidad de vida de las personas atendidas», advierte Víctor Galmés, director de Dincat. « Algunas entidades se ven incapaces de poder mantener mucho tiempo las condiciones actuales y esto es un hecho muy grave», señala.
José Carlos Eiriz, Director general de la Fundació Onada de Tarragona y miembro de la junta directiva de Dincat, explica que si bien el problema de la infrafinanciación viene de lejos, por lo menos desde hace una década, pero ha empeorado notablemente en el último año con la subida de los precios de la energía y la inflación en general.
Según un estudio realizado por Plena Inclusión, los gastos de las entidades se han incrementado en un 9% de media, y los precios de necesidades básicas como la electricidad o el gas, han subido entre un 72% y 32%, respectivamente (datos correspondientes al periodo entre marzo del 2021 y marzo del 2022).
Eiriz recalca que en el caso de Tarragona todos los centros de atención a personas con discapacidad intelectual, como centros ocupacionales, servicios de inserción laborales o residencias están a cargo de entidades sociales privadas (no hay ninguno público) y dependen del concierto con la administración para mantener sus servicios. «Y eso repercute en todo, desde los salarios de los trabajadores a la calidad asistencial. La situación se mantiene porque la misión de las entidades es garantizar la calidad de vida de estas personas, por el compromiso con ellas y con sus familias; es lo único hace que no se venga todo abajo».
Este compromiso es una de las razones, reconoce, por las que el sector no ha sido tan beligerante a la hora de reclamar financiación como si ha pasado en la salud y la educación. «Nosotros no podemos plantearnos dejar a las personas sin el servicio», apunta.
Para seguir funcionando señala que «buscamos otros medios, ayudas de empresas privadas para mantener algo que debería mantener la administración pública».
Agravios comparativos
En concreto, el sector pide un plan de recuperación que se inicie con un incremento de la financiación de, como mínimo, el 10% por este 2023, y un compromiso de futuro vinculante para revertir la brecha que llega en algunos casos además del 30%.
El sector ya reclamaba un 21,3% de incremento en todos los servicios para poder recuperarse y mantener la máxima calidad en la prestación de servicios en el periodo 2019-2021. Desde entonces «han pasado ya dos años y, si bien es cierto que últimamente se han aprobado algunos incrementos de módulos, estos han estado del todo insuficientes –en total, de un 6,8% de media por este periodo incluyendo la subida del 2022– y no solo no han servido para satisfacer las demandas y reivindicaciones del sector, sino que también han quedado muy lejos de los importes a los cuales se había comprometido el propio Gobierno» apunta Dincat.
Otra de las consecuencias de la infrafinanciación, apunta Eiriz, es la incapacidad de ofrecer un sueldo digno a los trabajadores. Actualmente la diferencia salarial entre profesionales de un centro de gestión pública directa en otros ámbitos como el de la salud o la educación, y una de estas entidades del tercer sector es de más del 30% por realizar la misma tarea. «Las diferencias son flagrantes», señala Eiriz.
En una línea similar se expresan otras entidades históricas dedicadas a la atención a la discapacidad, como son La Muntanyeta y la Fundació Estela per a la Discapacitat.
Desde la Fundació Estela confirman que la situación en el sector de la atención a la discapacidad es en general complicada por la «falta histórica de dotación presupuestaria por parte de la administración. El problema es que cada vez es más elevada la diferencia entre el coste real de los servicios que prestamos y lo que paga la Generalitat».
La Muntanyeta, por su parte, apunta que la situación es límite y no se arreglará con el aumento del 3% de las tarifas previsto por el Departament de Drets Socials, «especialmente cuando las entidades deben hacer frente a la subida de los salarios, los costes de la inflación, etc. La subida planteada se quedará muy, muy corta», aseguran.
En Tarragona todas las entidades a personas con discapacidad intelectual son privadas
l es el mínimo de incremento de financiación que reivindican las entidades para este año, y el compromiso de seguir aumentando en el futuro.
l personas por cada mil habitantes tienen discapacidad intelectual reconocida en el Camp de Tarragona, el ámbito territorial con más incidencia.
Según el ‘Informe de la situació de les persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya’ presentado el año pasado por Dincat, el Camp de Tarragona es el ámbito territorial de Catalunya donde hay más personas con discapacidad intelectual reconocida por cada mil habitantes, en concreto 13,2, seguida de Terres de l’Ebre, con 11,9.
Si se revisan los datos por comarcas, llama la atención la proporción en el Baix Camp: 15,7 por mil.
Por edades, en el conjunto de Catalunya el 56% de personas con discapacidad intelectual son menores de 35 años. Esto podría tener que ver con que es al principio de la vida ciando se realizan los diagnósticos y en los últimos años la detección ha sido más exhaustiva.
Solo una de cada cinco personas con discapacidad intelectual tiene empleo.
El 40% de estas personas cquerría vivir en un piso a solas o en pareja, pero solo un 9% disfruta de esta situación según la Encuesta a Personas con discapacidad intelectual. Dincat, 2022.
El tiempo medio de espera para el acceso a un recurso residencial para personas con discapacidad intelectual ha sido do de 22 meses desde el 2015 hasta el 2020.
