La transformación de la entrada a Tarragona desde la carretera de Valls suma un nuevo contratiempo, que deja en compás de espera el inicio de las obras de urbanización del Pla Parcial 1. Este afecta a los terrenos entre la Avinguda d’Andorra, la N-240 y la A-7, un ámbito en el que debe construirse una nueva zona residencial y que permitirá urbanizar una zona muy transitada.
El proyecto estaba encarrilado y prácticamente había superado todas las fases de su tramitación, después que a mediados del pasado mes de mayo la Junta de Govern local aprobó inicialmente el proyecto de urbanización.
El visto bueno definitivo estaba a expensas de los últimos informes de la Junta de Compensació. Entre estos el informe arqueológico previo, que había pedido el Ayuntamiento de Tarragona, y que debe aprobar la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de la Generalitat.
Sin embargo, las excavaciones que se hicieron sobre el terreno pusieron de manifiesto la presencia de restos arqueológicos de origen romano, por lo que Patrimoni solicitó una segunda excavación más exhaustiva para determinar el valor de los restos. ¿Y cuál es el problema? Que la parte afectada por la presencia de este yacimiento está en la parte más alejada de la carretera de Valls, junto a una zona de masías en las que viven ocupas desde hace muchos años, lo que obliga a desalojar estos inmuebles antes de dar cualquier nuevo paso.
Así lo confirma el Ayuntamiento de Tarragona, según el cual, «la Junta de Compensació tiene que denunciar a estas personas para su desalojo, ya que sin una excavación extensiva no se otorgarán los permisos correspondientes».
Este rotativo se ha puesto en contacto con la administración catalana para conocer qué es lo que se habría encontrado y el valor de los restos, sin que se haya obtenido respuesta alguna. Sin embargo, las nuevas excavaciones deberán determinar si su presencia obligará a introducir cambios en el proyecto para garantizar su preservación.
Esto constituye un nuevo varapalo de cara a la ejecución de un plan, cuya primera aprobación fue en el año 1986, y que ahora podría quedar nuevamente paralizado. Durante este periodo de casi cuarenta años se han producido algunos cambios a nivel legislativo, como la aprobación de una nueva Llei d’Urbanisme. Esto cambió las reglas del juego, ya que anteriormente no era obligatorio la excavación previa, que tan solo se hacía en los casos en los que se hallaban restos arqueológicos.
Las futuras excavaciones en la zona deben determinar si el plan se verá afectado o no
Con la nueva ley, cualquier movimiento de tierras en la ciudad debe ir acompañada de una excavación inicial, lo que en este caso ralentizará el inicio de los trabajos.
El plan afecta a una zona con una superficie de 62.587,22 metros cuadrados divididos en dos ámbitos, que está atravesada por el ramal de acceso a la A-7 desde la Avinguda de Catalunya. Los terrenos principalmente son propiedad de una entidad bancaria, aunque hay una parte que la conservan pequeños propietarios que desde hace años esperan poder desencallar el proyecto. A la larga tramitación urbanística hay que sumarle la denuncia de uno de los dueños que no estaba de acuerdo con la iniciativa.
Actualmente una parte de la superficie se utiliza como aparcamiento, aunque también pueden encontrarse vertederos de residuos en las inmediaciones de la zona de viviendas ocupadas. Con el plan, todo esto se transformará en una nueva zona residencial con más de 330 viviendas y un aparcamiento disuasorio con capacidad para más de 180 vehículos.
Esta es una zona muy concurrida por la que circulan caminando muchas personas que a diario realizan el desplazamiento desde Sant Pere i Sant Pau al centro caminando. Precisamente el proyecto debe servir para condicionar los accesos, ya que el proyecto prevé adecentar el entorno, generando una gran acera para los peatones.
Esta es una demanda histórica de la URV. «La mejora de esta conexión siempre nos habían dicho que permitiría llegar de forma más rápida y segura al campus Sescelades, ya que el carril bici de la Avinguda d’Andorra seguiría más allá de la rotonda de la Avinguda de Catalunya con República Argentina hacia la carretera de Valls», indica el responsable de Mobilitat de la universidad, Toni Latorre. Asimismo, con el anterior Gobierno se acordó la creación de un paso de peatones para cruzar la N-240, a la altura de la calle Doctor Mallafré. Un paso que ahora ya utiliza mucha gente, a pesar del riesgo que comporta.
«Es un tema que vemos muy necesario, no tan solo para la universidad si no que permitiría coser la ciudad, mejorando las conexiones con la zona de Joan XXIII y los barrios de Ponent, ahorrándote la Imperial Tarraco», añade Latorre.