Borrón y cuenta nueva. A finales del mes de septiembre el Ayuntamiento de Tarragona reconocía por primera vez que se estaba buscando una alternativa a la llegada de Ikea delante de la falta de noticias. Los trámites urbanísticos y legales habían finalizado. Sin embargo, la multinacional se había dado de plazo hasta después del verano para tomar una decisión.
Con el curso iniciado y aún con la resaca de Santa Tecla, todas las alarmas se encendieron en la Plaça de la Font. Desde Suecia no llegaban señales de humo y tampoco lo han hecho desde que el Consistorio aseguró que ponía en marcha un plan B.
Hace meses que no hay ninguna comunicación. Para la administración local la carpeta sueca ya está en el cajón. Así lo reconocían fuentes consultadas esta semana, las cuales aseguraban que «es un tema que hemos dado por cerrado». La firma ha paralizado todas sus inversiones en el mundo, excepto en la India. No hacen falta confirmaciones oficiales. Ikea ya forma parte de la historia.
Ahora, los propietarios de los terrenos son los principales interesados en que pueda encontrarse rápidamente un sustituto. El Ayuntamiento ha insistido estas últimas semanas en el mensaje que hay otros operadores interesados en instalarse en la ciudad. No se ha entrado en detalles sobre nombres o si finalmente será una única firma o varias marcas las que podrían ocupar la superficie. Es difícil hacer elucubraciones sobre las posibilidades, cuando algunos de los nombres más populares ya están implantados en el territorio.
Si hay un factor que juega claramente a favor es la ubicación estratégica de los terrenos. Precisamente éste fue el aspecto que destacó Pedro Campelo, director de desarrollo de Ikea Ibérica SAU, cuando el 12 de junio de 2012 firmó, en nombre de la multinacional sueca, el convenio urbanístico para la llegada de la empresa nórdica a la ciudad.
La posibilidad de tener cerca un nudo de conexiones con vías como la A-7, la N-340, la AP-7 y la T-11; su posición entre las dos principales ciudades de la demarcación, como son Tarragona y Reus; así como la posibilidad de convertirse en un gran polo comercial, junto a Les Gavarres, que atraiga a clientes de toda la provincia, e incluso de Lleida y Castelló, son algunos de los principales puntos a favor.
El peso de la búsqueda de nuevos inversores lo lleva los propietarios. Son los principales interesados en poder obtener un beneficio económico de un suelo por el que Ikea estaba dispuesta a pagar 15,7 millones de euros. Igual o más interés tiene el Ayuntamiento de Tarragona, que tiene en propiedad al otro 20%.
Sin embargo, la administración local también tiene en juego el dinero de los costes de urbanización. Si en un primer momento había dicho que el plan parcial 10 no seguiría adelante hasta que se decida el futuro de esta pieza, ahora las cuentas para 2019 incluirán una partida de 2,7 millones de euros. Es una suma que el Consistorio avanza y que después los propietarios deberán devolver.
