La Generalitat de Catalunya paga cada año más de 1,6 millones de euros en alquileres en la ciudad de Tarragona. Según datos facilitados al Diari tanto por el Departament de Justícia como de Economia, la mayor parte del gasto –más de 1,1 millones– corresponde a locales destinados a juzgados, mientras que las arcas autonómicas abonan otro medio millón por el arrendamiento de las dependencias de varios servicios territoriales.
Sin lugar a dudas, una de las prioridades del nuevo Govern de la Generalitat comandado por el President Salvador Illa (PSC) será reducir esta factura. Por ello, la futura construcción tanto del Fòrum Judicial como del edificio único del Govern deben ayudar a transformar este gasto en patrimonio de la Generalitat, al estilo de lo que ya está en marcha o proyectado en las otras capitales de provincia catalanas.
¿Edificio judicial en 2028?
A medio plazo, el primer paso debe ser la unificación en un mismo edificio de todas las sedes judiciales que Justícia tiene repartidas por toda la ciudad. De todas estas, hay cuatro emplazamientos en los que la Generalitat está de alquiler: dos en la Avinguda Roma, otro en Vidal i Barraquer y un cuarto en la Rambla Nova.
De estos alquileres, el más cuantioso es el que se paga en varios locales del número 21 de la Avinguda Roma, donde se encuentran los Juzgados de Primera Instancia 4,5,6,7 y 8, los juzgados Contencioso-Administrativos 1,2 y 3, los sociales 1,2 y 3 y el Mercantil 1. Por todo ello, la factura anual es de 542.138 euros. Asimismo, Justícia abona otros 199.350 euros por otros juzgados ubicados en el número 7 de la misma vía.
Paralelamente, el arrendamiento de oficinas judiciales comporta 233.924 euros al año por las dependencias del Registre Civil de la Rambla Nova 120-122 y otros 170.803 por la Fiscalía de Menores en el número 5 de la Avinguda Vidal i Barraquer. En total, 1.146.215 euros al año.
El Govern alquila cuatro sedes judiciales y otras cuatro oficinas de los Serveis Territorials
Para unificar todas las dependencias judiciales en un solo emplazamiento y ahorrarse los más de 1,1 millones, el Govern planea que el esperado Fòrum Judicial, en el entorno de Joan XXIII, sea una realidad en 2028. Este calendario supone un retraso de dos años respecto al último anuncio, un hecho que ha llevado al Col·legi de l’Advocacia a presentar una queja ante la Sindicatura de Greuges.
Sobre ello, fuentes de la Conselleria de Justícia justifican el retraso por el hecho de que «se ha apostado por actualizar el proyecto del 2009 y no volver a iniciar la tramitación administrativa desde el principio», a la vez que reiteran que «al Govern de Aragonès es el que ha puesto el proyecto en el programa de inversiones».
¿Oficinas en la cárcel en 2030?
Paralelamente, la Generalitat gasta más de medio millón de euros al año en los alquileres de las oficinas de los Serveis Territorials. El mayor coste son las dependencias de la Delegació Territorial de Treball en Residencial Torres Roma, donde se pagan 213.057 euros anuales por el arrendamiento de varias plantas y parkings.
Paralelamente, el alquiler de las oficinas de Acció Climàtica, también con un aparcamiento para 30 vehículos, supone un gasto de más de 182.000 euros, mientras que el alquiler de los locales de los números 16,18 y 20 de la Avinguda Vidal i Barraquer para la delegación de Inspecció de Treball supone un gravamen de 126.942 euros. Finalmente, el alquiler de la oficina de Turisme en el número 4 de la calle Fortuny significa un coste de 27.685 euros.
En global, pues, no usar edificios propios acarrea un gasto anual de 550.543 euros para la Generalitat en la ciudad de Tarragona. Para poner fin a esta situación, el planteamiento de la administración autonómica es unificar todas las sedes en un edificio único, tal y como ya tiene Girona y Ebre, se está construyendo en la Catalunya Central y se ha encontrado un solar en Lleida.
De hecho, la unificación de las 20 sedes territoriales, con 900 trabajadores, que tiene el Govern en la demarcación necesitarían unos 30.000 metros cuadrados, que la Generalitat planea que se unifiquen en la antigua prisión, que ya acoge los Serveis Territorials de Justícia. La previsión autonómica es, a día de hoy, que ello pueda ser una realidad en 2030. Buena parte de esto, pues, pasará por la gestión que haga sobre ello el nuevo Govern de Salvador Illa en Tarragona.
