El director de la cátedra Unesco de vivienda de la Universitat Rovira i Virgili (URV), Sergio Nasarre, considera que los precios de los alquileres seguirán subiendo en los próximos meses debido a la Covid-19. En declaraciones a la ACN, Nasarre señala que con el incremento del paro y la imposibilidad de las familias con rentas bajas y medias para comprar viviendas, habrá un incremento de la demanda de los pisos de alquiler, lo que hará subir el precio.
También apunta el experto que «el alquiler turístico está muerto», al menos este año, y pronostica que estos pisos no se reconvertirán a alquiler residencial porque la duración de la pandemia no se prevé larga. «Quien tiene estos pisos quiere cobrar 1.000 euros por semana, no 800 euros al mes durante cinco años», argumenta.
Nasarre adelanta que en los próximos meses, debido a la crisi económica que sucederá a la crisis sanitaria, se vivirá una fuerte problemática social vinculada a la vivienda. Según indica, con el estado de alarma se han detenido los desahucios, pero prevé que en unos meses los desaolojos por impago se reactiven con fuerza. «Si la gente no puede comprar y los precios de alquiler suben, comenzarán los desahucios otra vez», considera.
Ruralización
De cara a finales de año, Sergio Nasarre también cree que se puede producir un incremento de la ruralización. Es decir, que muchas personas marcharán de las ciudades para ir a vivir en entornos rurales, una idea que ha cobrado fuerza también empujada por el confinamiento y la búsqueda de viviendas con mayor espacvio y terraza o jardín.
Un fenómeno que estaría reforzado también desde dos vertientes. Por un lado, la de las rentas más bajas, que tienen que irse de las ciudades por razones económicas y pueden encontrar trabajo en el sector agrícola. «Si vivir en el área metropolitana cuesta unos 1.400 euros y con el paro no te llega, tu profesión no permite el teletrabajo y hay una renta mínima, quizá sea el momento de hacer un replanteamiento», indica Nasarre.
Por otro lado, las personas con unos ingresos más elevados que pueden trabajar desde casa. «El teletrabajo hace que tal vez no sea tan necesario vivir en las ciudades, que quizás no serán tan seguras –por las aglomeraciones y el miedo a contagios– ni tan atractivas».
El mercado, hundido
El catedrático critica que desde las administraciones «se ha incentivado el alquiler y se ha despreciado la propiedad», y recuerda que tras la crisis de 2007 las familias han tenido muchas dificultades para ahorrar el 20% del precio de los pisos nuevos para poder acceder a las hipotecas.
Una situación que, según prevé, empeorará con la recesión derivada de la Covid-19, que, aunque ya comenzamos a ver sus efectos, apenas está comenzando. «Esto tendrá un impacto en el mercado de la vivienda, especialmente en el de compra», valora.
El catedrático señala que el mercado de la vivienda en propiedad ya estaba tocado desde antes de la llegada del coronavirus, ya que «no había ni construcción ni transacciones», y cree que con el impacto de la pandemia y sus consecuencias la estocada «es definitiva».
Esto también afectará a la adquisición de segundas residencias por parte de las clases acomodadas, ya que habrá «un miedo generalizado a la hora de gastar» por la propia pandemia y porque Nasarre prevé un incremento de impuestos a las clases medias y altas que provocarían un parón en las inversiones.
«Reforma mal hecha»
En cuanto a los arrendamientos, el director de la cátedra expone que la nueva ley del alquiler del año 2019 «ya provocó un incremento de precios y de paralización» del mercado. «Es una reforma mal hecha», considera, y recuerda que en el Estados e han encarecido un 10% de media el último año. Para salir de este callejón, Nassarre propone dos vías. Por un lado, que las administraciones impulsaran masivamente la construcción de viviendas sociales, pero valora que «no tienen recursos». La otra opción pasa por impulsar tenencias alternativas de vivienda, como la propiedad compartida o la propiedad temporal, dos modalidades previstas por ley en Catalunya desde 2015, pero que «ni los gobiernos ni los bancos «han promocionado».
