El colapso en los juzgados tarraconenses no hace más que crecer, ya que 2022 supuso el año de superación definitiva de la pandemia. La demarcación volvió a la actividad judicial normal, cosa que provocó que los juzgados y los tribunales, con carácter general, tuvieran un notable incremento en la entrada de asuntos civiles –aproximadamente un 25% más– y mercantiles, mientras que los penales y los laborales no han sufrido un gran incremento. Los asuntos contenciosos administrativos y los de familia han descendido.
«La demarcación continúa teniendo tensados la mayor parte de sus órganos judiciales, ya que la entrada de asuntos es mayor a la legalmente prevista y a la asumible», expresa el presidente de la Audiencia Provincial, Joan Perarnau. «La Audiencia presenta un retraso de hasta unos tres años en los enjuiciamientos penales y de un año y medio en algunos de los civiles; partidos como el de Valls y El Vendrell tienen un retraso generalizado, que también existe en la mayor parte de los juzgados de Tarragona y de Reus», añade.
Por ello, el máximo responsable de la Audiencia Provincial solicitará la creación de un juzgado social en Reus y de uno mercantil, penal y de primera instancia en la ciudad de Tarragona. Sin embargo, para que se cree un órgano, deben ponerse de acuerdo el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
Actualmente, la demarcación cuenta con ocho partidos judiciales. La planta total está constituida por 71 órganos unipersonales: nueve juzgados penales, diez de instrucción, 16 de primera instancia, 23 de primera instancia y de instrucción, tres de violencia sobre la mujer en régimen de exclusividad, uno mercantil, uno de menores, dos contenciosos administrativos y seis sociales.
Generalmente, las Terres de l’Ebre (Tortosa, Amposta y Gandesa) escapan al colapso que vive el Camp (Tarragona, Reus, El Vendrell y Valls). ¿Por qué? Se debe a que el sud de la demarcación, según Perarnau, «tiene cargas de trabajo más ajustadas o inferiores a las legalmente previstas».
El sector judicial critica la existencia de «carencias que llevan arrastrándose desde hace años»
En palabras de la decana del Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona (ICAT), Estela Martín, «en la zona del Ebre hay una menor densidad de población». «Aunque te entre un porcentaje de asuntos superior a los que venías gestionando, si el total en números absolutos no es muy alto, hay margen de maniobra para absorber el incremento; en cambio, si ya trabajas con muchísimos asuntos, el cambio se nota mucho por pequeño que sea», añade.
Por su parte, Perarnau expone que «sigue preocupando la situación de la jurisdicción civil y mercantil, con una entrada de asuntos muy notable que genera cargas que superan mucho las previstas». La jurisdicción social en el Camp ha mejorado con la creación de un nuevo juzgado en Tarragona. Por el contrario, los exclusivos que tratan casos de la violencia sobre la mujer tienen cargas que no llegan al módulo previsto, por lo tanto, su funcionamiento es óptimo.
«Durante el 2021, hubo muchos asuntos que no pudieron tramitarse a causa de la pandemia», admite Martín. «Tanto en 2020 como en 2021, hubo moratorias en aspectos de ámbito laboral que paralizaron un poco la entrada de asuntos». La materia civil representó, en 2022, el 43% de asuntos entrados. La social fue un 6% y la contenciosa administrativa un 2%. La penal, que fue la que más, registró un 49% de los asuntos.
Según el abogado y copresidente de la Sección de Derecho a la Segunda Oportunidad en el ICAT, Jaime Campá, «durante la época pandémica, la actividad procesal estuvo comprimida, algo que indudablemente influye».
«Hay casos que pueden afectar mucho a la ciudadanía, como la reclamación de una indemnización» Estela Martín, decana del ICAT
Una congestión endémica
A final del primer trimestre de 2023, según estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), había un total de 65.307 asuntos pendientes en toda la demarcación de Tarragona. El dato se mantiene respecto a los que había al iniciar el año, que eran 66.607. No obstante, si se echa la vista atrás, se observa que el año 2022 comenzó con 60.845 asuntos pendientes y, el 2021, con 58.292. La subida de los últimos años es muy notable. Meses antes de que estallara la pandemia, en 2020, el año se abría con 51.529 casos en Tarragona. En 2019, eran 48.614. En 2017, el llegaron a ser 42.259. «El número de ingresos lleva años casi doblando lo que sería ideal», destaca Martín.
El tiempo estimado de respuesta en el único juzgado mercantil de Tarragona es de tres años
La congestión judicial, según el CGPJ, empeoró un 11% con la pandemia. No obstante, el colapso no tuvo en el coronavirus su mayor causa: «En los últimos años, no ha habido un aumento de personal que pueda aliviar la carga», argumenta Martín. De hecho, en su memoria de 2021, Joan Perarnau ya propuso en su escrito la creación de un juzgado de lo social en Reus y uno en Tarragona, además de uno mercantil y uno de primera instancia. De todos ellos, solo se ha creado el social de Tarragona.
«Los presupuestos que se destinan al funcionamiento y mantenimiento de la justicia no están en la misma línea que la evolución de la demanda del servicio», expone Campá. «Existen unos incrementos anuales que son mínimos y ridículos, y no se observa cuál es el aumento de la litigiosidad y la calidad de la misma, ya que cada vez los procedimientos son más complicados y los abogados y abogadas deben tener una mayor formación e información para trabajar los procedimientos», añade.
«El presupuesto no se incrementa como lo hace la demanda», Jaime Campá, abogado y copresidente de la Sección de Derecho a la Segunda Oportunidad del ICAT
Perarnau apunta en la memoria de 2022 que «se ha proseguido con la histórica movilidad de la plantilla judicial en la demarcación, con numerosos traslados y excedencias, hecho que no contribuye a dar la necesaria estabilidad al órgano judicial». Se realizaron más de setenta llamadas a jueces sustitutos y magistrados durante el año. Campá comenta que «solo basta con mirar el número de jueces y letrados que había hace un lustro y los que hay ahora».
En los tribunales de instancia, el colapso se ha magnificado durante los últimos tres años. Por otra parte, el juzgado mercantil y los sociales «llevan años sufriendo una entrada masiva de asuntos», tal como explica Martín, quien recuerda que «hace mucho que el sector pide un segundo juzgado mercantil» que, por el momento, no está llegando.
Y es que, en 2022, el juzgado mercantil existente, pese a tener un refuerzo, absorbió 645 asuntos –como mucho, deberían haber sido 435–, un 39% más que en 2021. Resolvió 403, un 30% menos que en 2021. La pendencia a final de año fue de 1.229 asuntos, un 26% más que el año anterior y un 68% más que en 2018. Tres años fue el tiempo estimado de respuesta del juzgado, un año y cuatro meses más que el registrado en 2021.
«Tarragona continúa teniendo tensados la mayoría de sus órganos judiciales», Joan Perarnau, presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona
Los juzgados sociales, cuyo módulo de ingreso legalmente previsto es de 4.800 asuntos al año en toda la demarcación, ingresaron, en 2022, un total de 6.353, un 32% más. Los tres de Tarragona y el de Reus están sobresaturados, mientras que el de Tortosa funciona de manera óptima. «Sobre el papel, deberían crearse dos juzgados más para así absorber toda esta entrada», especifica Martín.
Las propuestas de la Audiencia
Además de la creación de un juzgado social en Reus y de uno mercantil, uno penal y uno de primera instancia en Tarragona, Perarnau apunta a que debe incrementarse la mediación intrajudicial y la protección para las víctimas de los delitos.
«Hay casos que pueden afectar mucho a la ciudadanía y tener un gran impacto: una reclamación de un salario, o de una indemnización por despido... pueden ser miles de euros y, cuanto más tarden en solucionarse, peor», apunta Martín.
Todo este colapso, que lleva años gestándose, según el sector, genera una situación de malestar y de incertidumbre entre el personal de la administración de Justicia y, sobre todo, entre los ciudadanos y ciudadanas, algunos de los cuales dependen del sistema judicial para resolver conflictos en los que puede haber dinero de por medio.
Los quince juzgados saturados:
Juzgado de lo Mercantil Nº. 1 de Tarragona
Juzgado de lo Social Nº. 1 de Tarragona
Juzgado de lo Social Nº. 2 de Tarragona
Juzgado de lo Social Nº. 3 de Tarragona
Juzgado de lo Social Nº. 1 de Reus
Juzgado de 1ª Instancia Nº. 1 de Tarragona
Juzgado de 1ª Instancia Nº. 2 de Tarragona
Juzgado de 1ª Instancia Nº. 3 de Tarragona
Juzgado de 1ª Instancia Nº. 4 de Tarragona
Juzgado de 1ª Instancia Nº. 5 de Tarragona
Juzgado de 1ª Instancia Nº. 6 de Tarragona
Juzgado de 1ª Instancia Nº. 7 de Tarragona
Juzgado de 1ª Instancia Nº. 8 de Tarragona
Juzgado de 1ª Instancia Nº. 1 de Valls
Juzgado de 1ª Instancia Nº. 2 de Valls
Juzgado de 1ª Instancia Nº. 3 de Valls