Los técnicos del Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes (Smhausa) habían efectuado hasta el día de ayer un total de 34 visitas preliminares a viviendas susceptibles de recibir una de las ayudas a la rehabilitación que están disponibles desde finales de año. Son sesiones que valoran junto al propietario las actuaciones que podrían hacerse para este lavado de cara y que sirven para acabar de conocer los detalles de este programa antes de formalizar la solicitud.
Desde que se abrió esta convocatoria, esta empresa pública ha recibido un total de 31 peticiones de información que corresponden a un total de 44 viviendas. La concejal de Habitatge del Ayuntamiento de Tarragona, Eva Miguel, explica «es importante prestar este servicio de acompañamiento previo para asegurarnos de que puede aprovecharse al máximo y que la gente tenga claro cómo tiene que presentarlo todo para no perder el tiempo».
La subvención cubre el 100% de los costes de la obra hasta un máximo de 18.000 euros por vivienda. El plazo para presentar las solicitudes expira el día 30 de junio, lo que significa que si todas las peticiones de información acabaran traduciéndose en solicitudes formales, por valor del importe máximo, ahora estarían comprometidos unos 792.000 euros, de una partida total disponible que es de 1,1 millones de euros.
El programa está abierto a toda a la población, a excepción de los grandes tenedores, que son los propietarios de más de cinco viviendas. Asimismo, Miguel destaca que las solicitudes de información «están bastante repartidas». Desde el Boscos a Bonavista, pasando por el Barri del Port, El Serrallo, La Floresta, Torreforta, Sant Pere i Sant Pau y los ensanches, hay propietarios que están valorando esta posibilidad.
En todos los casos son viviendas vacías en las que previamente deberá hacerse una valoración de las obras a realizar. Asimismo, los propietarios deberán justificar, mediante la presentación de las facturas correspondientes, que se ha hecho una reforma.
Cuando se haya concedido la ayuda, el propietario deberá solicitar la inclusión de la vivienda a la bolsa de mediación para el alquiler social del servicio municipal de la vivienda. Y, a partir de ahí, este organismo realizará una valoración económica del piso y se establecerá una renta entre un 10 y un 20% por debajo del precio de mercado. Esta operación permitirá incrementar el parque público disponible, que registra una demanda superior a la oferta. Asimismo, la concejal de Habitatge destaca que «cuantos más pisos podamos tener en la bolsa más incidencia podremos tener en el precio de los alquileres, y más después de la vergonzosa sentencia del Tribunal Constitucional respecto a la ley catalana».
El contrato de alquiler tendrá una duración de cinco años, si el arrendador es una persona física, y de siete si es persona jurídica. Con esta opción, busca aportarse una serie de garantías de cara a los propietarios, ya que la administración cubre los impagos del alquiler mediante avales, con una póliza multiriesgo que cubre los actos de vandalismo del arrendatario y una póliza de defensa jurídica de cara a posibles reclamaciones judiciales. Asimismo, Smhausa proporciona asesoramiento técnico y jurídico personalizado y de mediación a las partes durante toda la vida del contrato.
La presidenta de Smhausa explica que, para incentivar la solicitud de las ayudas, también se ofrecerá esta posibilidad a las personas que ahora mismo ya tienen un piso en la bolsa de mediación y que llevan unos años. «Sería interesante que se sumaran, ya que ampliaríamos el tiempo que este piso se quedaría con nosotros y en cierto modo es una forma de fidelizar estas viviendas para que no las perdamos», argumenta.
Municipios como Barcelona también han apostado por esta fórmula, que pretende movilizar estos pisos vacíos. Un mecanismo que la edil cupaire considera que representa un win-win para todas las partes. «Necesitamos viviendas que estén llenas de vida, para tener una ciudad viva y rehabilitada. Y, por otro lado, si vienen a nosotros con la bolsa de mediación están contribuyendo a una Tarragona más justa y accesible en materia de vivienda», dice.
Es la primera ocasión que la administración local habilita una partida para dicho efecto. Por este motivo, la responsable de vivienda defiende que «puede marcar un punto de inflexión».