El Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona cita a declarar como investigados al concejal de Urbanisme del Ayuntamiento de Tarragona, Josep Maria Milà, y al reconocido constructor José Luis García, por presuntas irregularidades en la tramitación del plan de La Budallera. Esto ocurre después de que el grupo municipal de la CUP haya presentado una querella contra Milà por su vinculación familiar y económica con el futuro barrio de Llevant y contra el reconocido constructor.
Milà y García deberán acudir delante del juez para aclarar todas las dudas respecto a su papel en esta tramitación. La cita tendrá lugar durante el mes de abril. La polémica surgió hace poco más de un año, cuando algunas formaciones municipales pusieron en duda la aprobación inicial del PP24 –más conocido como el plan de La Budallera–, ya que el concejal Milà votó tirar hacia adelante el proyecto, en un acto que varios grupos con representación municipal consideraron que era ilegal. Fue un error, aseguraron desde el Ayuntamiento.
El plan de La Budallera fue elaborado por el ex despacho de arquitectos del ahora edil y, además, se da la circunstancia de que el concejal socialista participó en varias fases del proyecto y, ahora es su hijo quien firma los planos de la futura urbanización de Llevant.
Fue entonces cuando la CUP solicitó un informe jurídico al secretario municipal, quien reconoció que había varias causas por las que el edil debería haberse abstenido de participar en el expediente y de evitar tomar parte de la tramitación del proyecto. Es desde entonces y hasta la actualidad que, cada vez que se habla del plan de La Budallera –ya sea en una junta de gobierno, de portavoces o en el plenario–, Josep Maria Milà se levanta y se va.
El Ayuntamiento se enteró de la citación de Milà ante el juez ayer por la mañana, y la institución no tardó en enviar un comunicado en el que aseguraba que el Ayuntamiento facilitó al juez toda la documentación del expediente. El equipo de gobierno quiso manifestar el apoyo al concejal Josep Maria Milà «ante esta ofensiva totalmente inexplicable» y aseguró que «la denuncia no tiene ningún fundamento y solamente tiene como objetivo ensuciar la buena reputación y el prestigio del concejal, una estrategia habitual de hacer política que tiene la CUP con la finalidad de bloquear el gobierno de la ciudad».
Por su parte, la portavoz adjunta del gobierno municipal, Ana Santos, definió la querella como «una indecencia» y aseguró que «se trata de un comportamiento al que nos tiene acostumbrados la CUP. De hecho, su portavoz ha entrado hoy –ayer para el lector–, en la junta de portavoces diciendo que todos éramos unos criminales. La criminalidad forma parte de su talante y de su manera de actuar». El equipo de gobierno quiso destacar la «profesionalidad y buen hacer» de Josep Maria Milà y, recordó que el proyecto del plan de La Budallera se anuló y se ha vuelto a reiniciar, «por lo tanto, el concejal Milà no tiene nada que ver con el proyecto actual, porque no hay nada puesto en marcha vinculado con su persona», explicó ayer la portavoz adjunta del gobierno municipal, Ana Santos.
Fuentes municipales reconocen que el responsable de urbanismo y territorio del consistorio tarraconense lo está pasando muy mal con la situación y se muestran convencidas de que «la querella no tiene ningún recorrido».
Una fianza de 2.000 euros
Por su parte, la CUP no quiso entrar en detalles y prefirió argumentar la querella la próxima semana, después de hacerse efectivo el cese de su portavoz, Laia Estrada, por su condena del Caso Bershka. El juez ha pedido a la formación anticapitalista una fianza de 2.000 euros para poder tirar adelante la investigación sobre las supuestas irregularidades en la tramitación del plan de La Budallera. «Nos consta que hay mucha gente en la ciudad que está dispuesta a colaborar con esta cantidad de dinero», aseguró Estrada ayer. Fue lo único que dijo sobre el tema.
La polémica está servida y la guerra entre el equipo de gobierno y la CUP ha empezado en la Plaça de la Font. Por su parte, desde la formación anticapitalista aseguran que se trata de «un ensañamiento contra Estrada y su manera de actuar». El gobierno municipal, en cambio, dice que «si la intención es plantear una guerra, con nosotros que no cuenten». Los soldados, de un lado y otro, se verán las caras el lunes, en el plenario.