El nuevo contrato de la basura de Tarragona volverá al tribunal administrativo y tendrá, además, un nuevo recurso en el juzgado. Así lo confirman al Diari fuentes de las empresas FCC y GBI Paprec, después de que ayer el Ayuntamiento anunciara su intención de adjudicar la concesión a la segunda clasificada del concurso público, Urbaser, en el pleno municipal del próximo 24 de abril.
El consistorio liderado por el alcalde Rubén Viñuales (PSC) dará el paso después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 comunicara ayer a la corporación local que rechaza la petición de medidas cautelares solicitada por la vencedora expulsada del proceso, GBI Paprec.
La firma de origen francés fue la primera clasificada del ranking en enero del año pasado, pero en junio del 2024 el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic la eliminó al aceptar un recurso presentado por la segunda clasificada, Urbaser. El tribunal administrativo estimó la queja al apreciar que la compañía gala habría vulnerado el pliego de condiciones.
A raíz de ello, el pleno municipal aprobó el 21 de junio acatar la resolución e instó a Urbaser a preparar los trámites para adjudicarle el contrato, valorado en 233 millones de euros para los próximos diez años. Este paso provocó que tanto Paprec como FCC presentaran recursos ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).
En el contencioso y el TSJC
En el caso de FCC, esta firma no solicitó medidas cautelares, una circunstancia que sí pidió Paprec contra la resolución del tribunal administrativo y el posterior acatamiento por parte del Saló de Plens. Por ello, el Ayuntamiento paralizó en julio la adjudicación, a la espera de la resolución de estas medidas urgentes.
En noviembre, el TSJC instó a Paprec a dividir sus peticiones en dos recursos distintos. Así, el alto tribunal catalán se quedó lo relativo a la petición de anulación del acuerdo del tribunal administrativo, mientras que instó a enviar la queja por el acuerdo del pleno del 21 de junio al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Tarragona. En ambos casos, Paprec incluyó la solicitud por anular urgentemente los acuerdos y tirar hacia atrás su eliminación del proceso.
En febrero, el TSJC rechazó las cautelares referentes a la resolución del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, mientras que ayer el Contencioso-Administrativo hizo lo mismo con la propuesta por dejar en nada el acuerdo municipal. El juez considera que Paprec o bien gana el fondo del caso –la petición de ser readmitida como ganadora–, o bien «podría solicitar una indemnización por daños y perjuicios».
El consistorio adjudicará el nuevo contrato con el fondo de la vía judicial todavía por resolver
A raíz de este último rechazo judicial, ahora el gobierno municipal ha decidido proponer la adjudicación a la segunda clasificada, Urbaser. Y lo hará ya en el próximo pleno municipal de dentro de 15 días.
«La decisión judicial supone un paso más, y casi final, para adjudicar el contrato de la limpieza», indica la concejal de Contractació, Isabel Mascaró (PSC), quien recalca que «estamos más cerca que nunca de tener la Tarragona que todos queremos: con un contrato actualizado y con visión de futuro».
El Saló de Plens lo aprobará
Sin embargo, se da el caso de que ni el TSJC ni el Contencioso-Administrativo han dictaminado todavía sobre el fondo de la cuestión: si el Tribunal Català de Contractes valoró bien la expulsión de GBI Paprec, y si el Ayuntamiento hizo lo correcto en acatar la resolución. ¿Qué quiere decir esto? Que el consistorio adjudicará en 15 días su mayor contrato sin que se haya resuelto la vía judicial.
Este hecho genera dudas entre los partidos de la oposición. Pese a ello, la votación saldrá adelante con los 12 votos que suman PSC (9) y Junts (3). La abstención del PP (4) provoca que, como máximo, puedan haber 11 rechazos. «Adjudicar el contrato a la segunda clasificada mientras el Ayuntamiento está defendiendo judicialmente que la adjudicación fue correcta es, en estos momentos, una temeridad de incalculables consecuencias económicas», indica el edil Jordi Fortuny, quien exige una «posición coherente» para no «adjudicar a una empresa (Urbaser) mientras se defiende que gane la otra (Paprec)».
También es contundente Jordi Collado (ECP). «La temeridad es un principio peligroso en la gestión. Desde julio del 2023 que avisamos al gobierno del alcalde Viñuales que hay que hacer las cosas bien y no con prisa», indica el concejal, quien atisba que «todo esto nos puede acabar costando mucho dinero». Por ello, su grupo votará ‘no’.
El PP es la otra formación con serias dudas. «La mala gestión y las prisas del gobierno de Viñuales nos han llevado a esta situación, con una ciudad más sucia», lamenta la portavoz popular, Maria Mercè Martorell. Sobre ello, Jordi Sendra (Junts) cree que «ahora es el momento de que todos los que se llenan la boca pidiendo más limpieza apoyen la adjudicación. Ya no hay ningún impedimento legal», indica el edil soberanista para justificar su ‘sí’.
El contrato de la basura volverá en breve al Saló de Plens pero seguirá bloqueado sine die en los tribunales.
