La operación para convertir en 2013 la antigua fábrica de licores de la Chartreuse en la Escola Oficial d’Idiomes (EOI) acabará en los tribunales. Así lo acordó ayer el consejo de administración del Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes (Smhausa), que este jueves aprobó por unanimidad contratar a un bufete de abogados para presentar una demanda civil contra la Generalitat, por valor de 1,1 millones de euros.
La firma dependiente del Ayuntamiento de Tarragona toma la decisión después de que el Govern dejara de pagar el alquiler en septiembre del 2021, al considerar que podía ejecutar la cláusula para rescatar la operación, firmada en 2010 con Josep Fèlix Ballesteros (PSC) en la alcaldía y José Montilla (PSC) como President.
Sin embargo, el paso dado por el Departament de Patrimoni no cuenta con el OK del consistorio. Ambas corporaciones discrepan sobre la cantidad a abonar para resolver el convenio, por lo que la situación está bloqueada desde la época de Pau Ricomà (ERC) como Primer Edil de la Plaça de la Font y ya con Pere Aragonès (ERC) en la Generalitat.
«Tarragona es la única capital catalana que la Generalitat no dotó de una EOI en condiciones. En ese momento, el gobierno socialista hizo posible que la ciudad contara con este equipamiento adelantando el dinero para permitir la construcción», apunta el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales (PSC). «Lo que hacemos ahora es reclamar las cuotas pendientes. Si no hubiera sido por el Ayuntamiento, la ciudad todavía no tendría una Escuela Oficial de Idiomas. Por eso y después de muchas cartas, reuniones y negociaciones, solo nos queda la vía judicial para reclamar lo que la Generalitat debe a la ciudad», remarca.
Acuerdo en plena crisis
Tras años en los Caputxins de la Rambla Nova, y después de plantear infinidad alternativas durante más de una década –como la Tabacalera, el Complex Educatiu, la Vall de l’Arrabassada, Quatre Garrofers, el Institut Martí i Franquès o en el entorno de Joan XXIII–, finalmente en 2009 Ayuntamiento y Generalitat llegaron al acuerdo para ubicar la EOI en la antigua Chartreuse, que en ese momento se encontraba en un lamentable estado de abandono.
En ese momento, en el inicio de la crisis financiera de 2008, ambas administraciones pactaron que el Ayuntamiento avanzaría el dinero al Govern para desencallar la operación. Por ello, el 29 de junio del 2009 se firmó el convenio mediante el cual se establecía que Smhausa solicitaba la financiación de la obra, con un posterior alquiler durante 33 años mediante el cual la Generalitat abonaría el coste de la operación, a raíz del pago de 33.783 euros mensuales o, lo que es lo mismo, 405.397 al año, hasta 2043. Para hacer posible la operación, se acordó la cesión del derecho de superficie de la finca en favor del Consistorio, con la condición de que, una vez ejecutado el contrato, el inmueble y el solar volvieran a manos del Govern, que ya habría pagado la totalidad de las actuaciones, que ascenderían a 12,3 millones de euros: 6,5 millones de euros en obras y 5,7 en intereses.
El octavo año
En dicho acuerdo se especificaba que a partir del octavo año de vigencia del acuerdo, la Generalitat «podrá abonar el coste de las construcciones, descontando el pago del alquiler», por lo que a partir de hacer efectiva esta cláusula el acuerdo indicaba que «quedará extinguido el derecho de superficie», por lo que «el Govern hará efectiva la plena propiedad de las construcciones e instalaciones».
Por ello, el 29 de septiembre de 2021 la Direcció General de Patrimoni envió una carta solicitando los pagos realizados para ejecutar la cancelación adelantada de la operación. A partir de ese momento, con Eva Miguel (CUP) como presidenta de Smhausa, se iniciaron las reuniones, sin acuerdo, ya que el punto de conflicto era el pago de los intereses de la operación.
Desde el envío de la carta, el Govern dejó de abonar el alquiler, al considerar que el derecho de superficie del recinto ya había quedado «extinguido», lo que no es compartido por el Ayuntamiento, que ahora da el primer paso para intentar recuperar el dinero pendiente desde 2021.
