Inspecció de Treball de la Generalitat ha emitido siete informes contra la empresa química Iqoxe de la Canonja por infracciones graves. Las resoluciones tienen el origen en denuncias puestas por CCOO por diferentes aspectos como la vulneración del derecho de huelga, carencias en el Plan de Autoprotección, falta de medidas de seguridad para los trabajadores, no adoptar suficiente protección contra la covid-19 o deficiencias en los programas de formación a los empleados, entre otros.
Todas se han puesto después de la explosión que se produjo a la compañía el 19 de enero del 2020 y que causó tres muertos. Inspecció de Treball traslada posteriormente los informes al Departament de Treball, que ya ha sancionado algunos casos con el máximo estipulado de 6.000 euros.
En cuanto a la denuncia por vulneración del derecho de huelga, el secretario general de CCOO Industria en Tarragona, José Martín, ha explicado que Inspecció de Treball ha resuelto que Iqoxe puso unos servicios mínimos "abusivos". "La empresa argumentó que no podía parar un compresor porque se podía averiar, pero era una excusa porque durante el ERTE lo pusieron en marcha y lo pararon hasta ocho veces con normalidad", ha explicado.
Así, en la huelga convocada por los trabajadores el pasado 30 de marzo, Iqoxe "siguió produciendo óxido de etileno y suministró vapor a otras empresas" del polígono petroquímico. Pese a todo, Martín ha apuntado que desde el sindicato ya tienen preparada una demanda judicial contra la compañía, en la cual adjuntarán el informe de Inspecció de Treball.
Así, desde el siniestro de enero del año pasado, CCOO ha presentado hasta trece denuncias contra la empresa ante Inspecció de Treball. De estas, siete se han resuelto como infracciones graves, en otras se han fijado "recomendaciones" para la compañía y todavía quedan algunas pendientes de resolución. Una de las que se catalogó como "grave", CCOO la puso pocos días después del siniestro, cuando "la empresa reinició la actividad para desescombrar la zona afectada por la explosión sin tomar medidas preventivas" para la seguridad de los trabajadores. Otra de las denuncias el sindicato la puso porque determinados trabajadores "tenían que tener formación en extinción de incendios y emergencias" y la empresa no la había impartido, ha concretado Martín.
Una vez Inspecció de Treball emite el informe se traslada al Departament de Treball, que es quien acaba poniendo la sanción. Por infracciones graves, el máximo que contempla la normativa es de 6.000 euros. "Para empresas grandes es una cantidad ridícula", finaliza Martín.