La Sala Contenciosa–administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) avala que la Generalitat cierre de inmediato el histórico establecimiento Iot de la Platja Llarga. Así lo indica en una resolución judicial dictada el pasado 28 de abril a la que ha tenido acceso el Diari, en la que el alto tribunal rechaza la petición del negocio para suspender la ejecución del desahucio administrativo impulsado por el Govern para recuperar el uso del edificio y sacar –de esta manera– el inmueble a licitación pública, de igual manera que ya lo hizo con la planta superior del edificio, donde antes había el Tòful de Mar y que ahora hay La Sardineta.
De esta forma, la lucha del conocido emplazamiento –situado en los bajos del edificio– llega al punto y final de una batalla jurídica que se inició hace dos años y medio, cuando el Govern comunicó a principios de noviembre de 2018 al propietario del local, Josep Maria Donato, que el día 30 de ese mes debía abandonar el espacio que ocupa desde 1986. La resolución del Departament de Patrimoni fue recorrida ante el TSJC, que hace semanas dio la razón a la corporación pública. Pese a ello, el titular del negocio solicitó ante el mismo tribunal la paralización de la ejecución de la sentencia, debido al hecho de que aún tiene otras vías judiciales en vigor, como el de las sanciones por un valor global de 22.000 que el Govern le ha impuesto por no abandonar el recinto. Por ello, argumentaba que una sentencia favorable, con el Iot ya fuera y con otro negocio en funcionamiento, sería de «difícil reparación».
Sin embargo, al final el TSJC no ha aceptado suspender la ejecución del desahucio. «Este fue anunciado el 12 de febrero de 2019, de forma que no estamos ante una circunstancia repentina, sino que el actor ha tenido tiempo para preparar el traslado de las instalaciones», indica el tribunal en la resolución. Asimismo, en caso de que alguno de los recursos del Iot sea aceptado, se considera que «los daños pueden ser compensados económicamente», a la vez que recuerda que «estamos ante un edificio de titularidad pública cuyo destino inevitable es el de usarse para intereses públicos y no privados, por muy legítimos que estos puedan ser». En este sentido, el TSJC recuerda que «no hay ninguna autorización o concesión, como mínimo formal, que permita atribuir de una apariencia de legitimidad la ocupación del establecimiento», por lo que defiende la postura del Govern de «realizar la correspondiente licitación pública».
Entrada «en cualquier momento»
Con esta última resolución, ahora el Govern puede autorizar la entrada al espacio «en cualquier momento». Fuentes cercanas al Iot temen que, pese a presentar ayer una última alegación, el desahucio pueda producirse «en las próximas semanas». Por ello, hoy la Via T inicia una recogida de firmas. «Queremos frenar el cierre hasta el 30 de septiembre, de forma que los tarraconenses no se queden sin servicios en la playa más emblemática de la ciudad», indica el presidente de la Via T, Salvador Minguella.
En el manifiesto, la entidad pone de relieve que «ante la falta de sensibilidad por parte de la Generalitat por la inminente orden de cierre», la Via T se moviliza «en defensa de los trabajadores y clientes para que el local continúe abierto este verano». «El cumplimiento de la normativa aplicable y de los procedimientos y obligaciones administrativas debe ser compatible con el interés público, y este verano el Iot estará cerrado porque no hay tiempo para licitar una nueva concesión», se lamenta en el texto, en el que también se pone de relieve que «la Platja Llarga y sus miles de visitantes deben poder disfrutar de las instalaciones y servicios del establecimiento durante el verano, evitando un importante perjuicio turístico para nuestra ciudad, pero también riesgos higiénicos y sanitarios en tiempos de pandemia».
Asimismo, el manifiesto añade que «nos consta que la Generalitat no está dispuesta que los actuales concesionarios estén un minuto más y razones no les faltan, pero creemos que desde Barcelona no son conscientes del daño que ocasionan a Tarragona», por lo que se solicita que «si el local debe ser cerrado que la orden de desahucio no sea efectiva hasta septiembre de 2021».
Generalitat: «Debe regularizarse»
Fuentes de la Generalitat recordaron ayer al Diari que «el 30 de noviembre de 2018 expiraba el permiso de ocupación de los dos restaurantes ubicados en Platja Llarga, que es propiedad de la Generalidad. Con el fin de regularizar su situación, se pidió a los dos ocupantes de los inmuebles que devolvieran las llaves para poder sacar a concurso la explotación del servicio de bar-restaurante. El propietario del restaurante Tòful devolvió las llaves en 15 días y el uso del inmueble se sacó a concurso por un periodo de 10 años. La adjudicación se hizo el 20 de septiembre a la empresa Tucan 2016 SL, que es la que actualmente regenta el establecimiento».
Asimismo, desde el Govern se añade que «el propietario del restaurante Iot se negó a devolver las llaves. Desde la Generalitat, en ejercicio de su responsabilidad, se le han hecho los requerimientos necesarios para que desalojen un establecimiento que no es de su propiedad y al que podría haber otras restauradores que también estuvieran interesados en regentarlo». Finalmente, desde la administración autonómica se señala que el titular del negocio «ha presentando diferentes recursos contra la resolución de desahucio, llevando el caso a la justicia. Después de un proceso que ya hace dos años y medio que arrancó, la Generalitat está pendiente de que la justicia resuelva para poder regularizar la situación y sacar a concurso público la ocupación del local».
PSC: «Que tengan sensibilidad»
El Diari intentó conocer ayer la postura de los partidos que forman el gobierno municipal (ERC-Comuns), pero no fue posible tener su posicionamiento al respecto. Asimismo, desde el PSC se apoya la iniciativa de La Via T. «Es un espacio que sería muy negativo que este verano quedara vacío. Es un lugar emblemático, que da mucha vida al entorno», indica el concejal Berni Álvarez, quien pide al Govern que «tenga sensibilidad» con el emplazamiento.
Lorena de la Fuente (Cs) lamenta que «es una lástima» que el Iot pueda cerrar durante esta temporada turística, y denuncia que «se trata una falta de atención más de la Generalitat con la ciudad». Desde el PP, José Luis Martín lamenta que «el Govern criminalice aún más al sector», mientras que Inés Solé (CUP) defiende la postura autonómica. «Hay unos procesos que deben cumplirse. La Llarga es uno de nuestros tesoros naturales», por lo que «debe preservarse y revertir la regresión que sufre».
