«Cuando ves situaciones como la del incendio de Badalona te das cuenta de que el protocolo es más que necesario», explica Maria Campuzano, portavoz de la Aliança contra la Pobresa Energètica, APE. En el incendio al que se refiere fallecieron tres personas y posteriormente se detectó que los habitantes del piso siniestrado tenían la luz «pinchada».
El protocolo al que se refiere es el que la Generalitat se había comprometido a poner en marcha en verano de 2017 para que los bomberos detectaran situaciones de pobreza energética durante sus actuaciones en hogares y lo reflejarán en sus informes.
El objetivo es cuantificar las personas con vulnerabilidad energética y derivarlas a Serveis Socials en los casos en que todavía no están siendo atendidas,
La iniciativa, promovida por la asociación y un colectivo de bomberos, se puso en marcha inicialmente en Barcelona a principios de ese año. En el primer mes, derivaron a los Serveis Socials alrededor de 30 casos detectados por los bomberos municipales.
Datos para prevenir
En sus informes los bomberos recogerían indicadores como la valoración del estado de la vivienda (estructural y de mantenimiento, orden e higiene, presencia de humedades...) presencia y estado de los suministros y las instalaciones (ausencia, corte de suministro, precariedad, servicios pinchados …) condiciones climáticas, aislamiento y nivel de confort térmico.
También proponían la valoración de factores personales, familiares y si hay intervenciones previas de Serveis Socials o no.
Con estos indicadores los bomberos responsables determinarían en su informe si se trata de situación de pobreza energética.
Campuzano señala que esta medida supondría «aprovechar los servicios que hace cualquier funcionario público en los hogares para detectar casos de pobreza energética».
Esto serviría, además, para tener más datos fiables sobre pobreza energética y tomar medidas preventivas según los casos.