El mantenimiento del conjunto patrimonial y las actuales exenciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) le cuestan unos 3,5 millones de euros anuales al Ayuntamiento de Tarragona. Así de claro lo asegura el concejal de Hisenda, Pau Pérez (PSC), quien durante la tertulia de Tarragona Ràdio de ayer puso de manifiesto la voluntad municipal para que el Estado compense económicamente el coste que supone tener en buen estado los monumentos de la ciudad.
El segundo teniente de alcalde remarca la contradicción que, a su juicio, supone el hecho de que las Ciudades Patrimonio de la Humanidad –entre las que se encuentra Tarragona– «estemos obligados por el título que nos concede la UNESCO a conservar, rehabilitar, promover y embellecer las ciudades históricas, pero luego los ayuntamientos nos encontramos con que no recibimos ingreso alguno por el mantenimiento de determinados edificios a los que se les cataloga de protección integral y están exentos de pagar el IBI», según la ley del Patrimonio Histórico.
Personal específico
En concreto, el edil de la formación socialista especifica que, de media, el Consistorio tarraconense destina 1,3 millones de euros en inversiones en el patrimonio, mientras que también se gasta aproximadamente otro millón en el personal necesario para abrir los espacios y conservarlos. Asimismo, las cuentas de la corporación local también deben sufragar unos 400.000 euros en la limpieza y la iluminación específica que necesitan los bienes catalogados como de interés nacional, los cuales no deben pagar el tributo del IBI, un hecho que también repercute en unos 200.000 euros para las cuentas de la administración situada en la Plaça de la Font.
Evaluación global
De forma paralela, el pleno municipal que se celebra este viernes aprobará –seguramente por unanimidad– una moción impulsada por parte de ICV en la que se acordará «elaborar un censo en Tarragona de los bienes inmuebles rústicos y urbanos que estén sujetos a la exención del IBI», según se indica en el documento al que ha tenido acceso este periódico. Asimismo, el texto establece que el listado servirá para «evaluar el coste que suponen estas exenciones fiscales» para la ciudad, y se prevé «hacer público» el censo «cumpliendo con la Ley de Protección de Datos.
Cabe destacar que la moción presentada por Arga Sentís no cita en ningún momento la exención que tiene la Iglesia. En este sentido, y a nivel global, el acuerdo «insta al Congreso a modificar la Ley de Haciendas Locales y la Ley de Mecenazgo y Fundaciones» para «evitar injustificables exenciones del IBI y de otros impuestos». Finalmente, el acuerdo propone «establecer mecanismos adecuados para compensar a los ayuntamientos» por las exenciones en vigor.