El proceso para adjudicar el nuevo contrato de la basura entrará en breve en un laberinto judicial que puede durar años. Mañana viernes el pleno municipal pedirá a Urbaser la documentación para adjudicarle el próximo mes de julio el contrato de la basura, después de que hace pocos días el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic excluyera a la ganadora, GBI Paprec.
En paralelo, además, el consistorio presentará un recurso ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJCat) para recurrir la resolución que eliminaba a la vencedora de la licitación. Esto significa que, al mismo tiempo, Tarragona estará adjudicando a Urbaser y presentando una alegación para que vuelva a ganar GBI Paprec.
Todo ello provocará un efecto dominó que comportará que se activen recursos ante el tribunal administrativo y el TSJCat. Es seguro que, tras ser eliminada, GBI Paprec acudirá ante la justicia ordinaria. También lo hará FCC, que tiene previsto acudir al tribunal administrativo contra la inminente adjudicación a Urbaser, que ahora se hará con la concesión, precisamente, tras haber recurrido ante el tribunal administrativo contra Paprec.
Según las fuentes jurídicas cosultadas por el Diari, los recursos ante la jurisdicción ordinaria pueden durar años, por lo que ahora el secretario general del consistorio está ultimando un nuevo informe para asegurar que la corporación local no incurrirá en responsabilidad patrimonial en caso de que los tribunales sentencien contra el Ayuntamiento.
Tribunal administrativo.¿Qué es?
El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic es un órgano administrativo dependiente de la Generalitat de Catalunya que ejerce sus funciones «con plena independencia, objetividad e imparcialidad», según se indica en su página web. A tal efecto, «no está sujeto a vínculo jerárquico ni recibe instrucciones de ningún tipo de los órganos de las administraciones públicas».
Este tribunal administrativo tiene potestad en el ámbito de las resoluciones de la Generalitat de Catalunya, así como de las administraciones locales como ayuntamientos, Consells Comarcals y diputaciones.
Se trata de un organismo formado por letrados especializados en el ámbito administrativo, cuyas resoluciones son de carácter vinculante, pese a que sean recorridas ante el Tribunal Superior de Justícia. El Tribunal se compone del presidente y cuatro personas como vocales, todos con voz y voto, con paridad de género. Está presidido por Carmen Lucena Cayuela, que ha sido letrada de los ayuntamientos de Sabadell y Badalona. Ejerce en el Tribunal Català de Contractes desde el 2014, tras ser designada por la Associació Catalana de Municipis i Comarques y la Federació de Municipis de Catalunya.
