El Fòrum Judicial ya tiene sentencia: se construirá en la calle Arquebisbe Pont i Gol, en el entorno del Hospital Joan XXIII. Después de meses de análisis y de estudios económicos y de viabilidad, finalmente la Generalitat de Catalunya ha decidido descartar la opción de la Tabacalera y apostar por el proyecto «más realista»: irá donde estaba previsto hace una década, en un solar propiedad del Govern junto al río Francolí, la Guàrdia Urbana, la Guàrdia Civil y el nuevo Centre Penitenciari Obert (CPO).
«Ha sido una decisión difícil, ya que nos enamoraba poder hacerlo en un equipamiento singular como es la Tabacalera, ya que creemos en un urbanismo inteligente, en el que los elementos patrimoniales jueguen al servicio de la integración con la ciudad», indicó este lunes la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró (Junts), quien ayer estuvo en el Ayuntamiento de Tarragona para anunciar, conjuntamente con el alcalde, Pau Ricomà (ERC), la ubicación final de la esperada instalación. Precisamente, el máximo responsable municipal destacó que el desbloqueo del proyecto «es una gran noticia, que reafirma la capitalidad de Tarragona», y recordó que «desde el primer momento hemos puesto a disposición de la Generalitat todos los recursos para desencallar este problema». Ricomà también considera que la llegada del Fòrum Judicial a Joan XXIII «será un polo de atracción».
TGN cedía toda la antigua fábrica
Durante las últimas semanas, Ayuntamiento y Generalitat habían negociado el espacio que debería ocupar el equipamiento en la Tabacalera. Según los números actuales, a día de hoy las ocho sedes judiciales que hay en la ciudad ocupan 19.000 metros cuadrados de superficie, si bien la voluntad del Departament es la de crecer. Por ello, el Consistorio estaba dispuesto a ceder todo el espacio que en el pasado había ocupado la antigua fábrica de tabacos, quedando solo al margen los almacenes. Este acuerdo, en teoría, hacía viable la rehabilitación.
Sin embargo, el principal motivo que ha llevado al Departament de Justícia a descartar la opción de la Tabacalera ha sido el calendario previsto, ya que la tramitación administrativa será mucho más rápida con el solar de Joan XXIII, al ser precisamente de la corporación autonómica, mientras que la Tabacalera es propiedad municipal. Por ello, para que esta se pudiera ceder a la Generalitat, habría sido necesario impulsar una mutación demanial que aún tardaría «un mínimo de tres años» en poderse materializar, lo que según Ciuró convertía esta opción en «poco realista» porque la voluntad del Govern es la de «dotar a la ciudad de esta infraestructura lo antes posible». Se trata del mismo caso que pasa entre Govern y Ayuntamiento con el Palau d’Esports, cuya tramitación administrativa lleva también mucho tiempo a la espera de poder confirmar definitivamente el cambio de titularidad.
«Hemos buscado una solución real, efectiva y sostenible que no sea fer volar coloms ni llançar la pilota endavant», afirmó Lourdes Ciuró, quien añadió que «el objetivo es que Tarragona tenga la Ciutat Judicial que se merece, poner fin a una asignatura pendiente desde hace más de veinte años e impulsar un servicio de justicia ágil, con una sola sede y en el que la ciudadanía sea el centro de nuestra acción».
En la opción de la Tabacalera, además, existían diversos riesgos. Por un parte, los estudios económicos indicaban que, mientras que la inversión necesaria en Joan XXIII será de unos 70 millones de euros, en el caso de la rehabilitación de la antigua fábrica de tabacos esta sería un 15% más elevado, llegando hasta los 80 millones. Además, se trata de una estimación «indiciaria», ya que en el emplazamiento de la Part Baixa se corría el riesgo de que fuera necesario reforzar la estructura, cimentar y encontrar restos arqueológicos por su proximidad con la Necrópolis y el puerto. Demasiadas dudas.
Proyecto licitado en 2010
Por todo ello, Justícia ha decidido volver a los orígenes y apostar por el solar de 9.000 metros cuadrados que tiene cerca del río, junto al CPO, en el que se podrán construir 32.000 metros cuadrados de dependencias judiciales, la Fiscalía, colegios profesionales y los servicios territoriales de Justícia. Este recinto se financiará con la venta o garantía del edificio del actual Palau de Justícia de la calle La Popular, así como por un solar situado frente al futuro Fòrum Judicial en el que se edificarán viviendas. Lo que está claro es que no se recurrirá a los Next Generation, ya que estos solo se contemplaban para la línea de rehabilitación de edificios patrimoniales, y ahora ya no será el caso.
Se da la circunstancia, además, de que en 2010 –con José Montilla como President– ya se licitó un proyecto ejecutivo de la Ciutat Judicial en el solar escogido, por lo que ahora el mismo equipo de arquitectos lo «actualizará» durante este año. El planning que ha marcado el Govern es que las obras puedan sacarse a concurso público «en un año» para que las primeras actuaciones sobre el terreno puedan llevarse a cabo «a finales de 2023», con el objetivo de que el equipamiento pueda ser una realidad en 2026.