El exdirector de IQOXE, José Luís Morlanes, ha declarado que no prevalecieron los beneficios por encima de la seguridad y el mantenimiento de la planta de la Canonja desde que la compañía está al frente de las instalaciones, según ha explicado su abogado.
Morlanes ha contestado a las preguntas de la magistrada del juzgado de instrucción número 1 de Tarragona, las del fiscal y las de sus letrados. Se trata de la instrucción de la pieza principal de la causa contra la empresa por la explosión del año 2020, donde murieron tres personas. El exresponsable también ha asegurado que el componente -mpeg 500- que estalló no estaba contemplado como material peligroso, y que, por lo tanto, no se podía hacer prevención.
El director general de IQOXE el 14 de enero del año 2020 -cuando se produjo la explosión-, ha empezado a declarar cuando pasaban pocos minutos de las diez de la mañana de este lunes ante la jueza del Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona. Según su abogado, Emilio Zegrí, ha respondido a todas las preguntas de la magistrada y de la fiscalía, así como las de los tres abogados de la defensa. El exdirectivo se ha negado a contestar las preguntas de las acusaciones particulares y populares. La declaración se ha alargado hasta las cuatro y media de la tarde.
«Durante los seis años que lleva IQOXE como propietaria del complejo de la Canonja prevaleció la inversión en mantenimiento y en seguridad por encima de los beneficios, se invirtió más dinero en seguridad, informática, nuevas instalaciones, solo se repartieron beneficios en uno de los seis ejercicios», ha dicho el letrado sobre las explicaciones dadas por Morlanes durante su declaración.
Zegrí ha afirmado que en materia de seguridad laboral Morlanes ha asegurado que no se cometieron incumplimientos. «El componente de mpeg 500 que estalló no estaba contemplado como un producto peligroso en ninguna ficha industrial, ni por la industria mundial ni por la administración competente, ni, por lo tanto, por la empresa, es imposible hacer una prevención de riesgos sobre una materia que se considera que no tiene riesgo», ha manifestado el abogado.
A la vez, ha destacado que su cliente subscribe la hipótesis que plantean desde el Instituto Químico de Sarriá (IQS) sobre la causa del accidente. «Los siete peritos que han declarado sostienen la hipótesis de los doctores de IQS que hicieron un experimento en el laboratorio y detectaron que a 350 grados el mpeg 500 explota de una forma absolutamente devastadora y estas máquinas estaban preparadas para contener en su interior una explosión de óxido de etileno, que era el material peligroso teóricamente», ha señalado.
Además, el letrado también ha remarcado «el esfuerzo» empresarial para indemnizar a las familias de las víctimas y a los damnificados. En este sentido, ha recordado que el 95% de las indemnizaciones están efectuadas. El abogado también se ha mostrado esperanzado sobre el resultado de la causa y ha indicado que la instrucción se cerrará pronto. En cuanto a las piezas separadas sobre las licencias y autorizaciones y la de medio ambiente, Zegrí no ha querido hacer declaraciones.
El exdirector de la compañía es lo primero de la cúpula directiva de IQOXE que ha comparecido ante la magistrada de instrucción. Este martes y miércoles lo harán el responsable de seguridad y el director de la planta. Según Zegrí, los directivos han optado por declarar ahora porque la investigación se encuentra al final, hecho que los facilita su defensa.
Unos veinte vecinos piden justicia
En paralelo, unas veinte personas se han concentrado ante la Audiencia de Tarragona para reclamar justicia y seguridad durante las primeras horas de esta mañana.
El presidente de la FAVT, Alfonso López, ha pedido al poder judicial que «haga su trabajo bien hecho», y que si son culpables que «paguen» por los delitos cometidos. También ha lamentado la poca participación en la concentración: «Si los vecinos no nos damos cuenta de lo importante que es salir a la calle, nos hacemos débiles», ha indicado López.